Se entiende la insumisión del nacionalismo frente a un orden jurídico que no reconoce. Tiene lógica, aunque el desgobierno tienda a cronificarse en la Cataluña declinante tras el fracaso del ‘procés’. Lo que no se entiende es su enfermizo desacato de la realidad. La ley no es la principal víctima. Los valores lastimados son la verdad, la razón y el sentido común, a la hora de saber quién oprime a quién.

«Volem classe en catalá», dice la pintada en el muro de la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, judicialmente obligada a impartir al menos un 25% de las clases en una de las dos lenguas oficiales de Cataluña. ¿Acaso estaban prohibidas las clases en catalán? El ministro Garzón siembra esa duda al sostener que el castellano goza de todos los privilegios: «No estoy a favor del acoso pero sí de las razones del acoso». Para enmarcar en la galería de genios asintomáticos. 

¿Acaso va a resentirse la inmersión en lengua catalana si al menos tres cuartas partes de la enseñanza se sigue impartiendo en esa maravillosa lengua? Sí, maravillosa en sí misma, con «estelada» o sin ella, aunque mejor sin ella, para que se la pueda amar y usar libre de complejos. 

Las frustraciones mal curadas agitan la idea del inexistente «supremacismo español» en una realidad educativa de catalán a todas horas 

La histérica reacción del monolingüismo (solo catalán) en este caso responde a una patológica confiscación del lenguaje. Así son los relatos victimistas, incapaces de objetivar lo que ocurre a su alrededor. El secesionismo es políticamente discutible, pero el secuestro de la verdad apuñala las razones.

Las apasionadas réplicas contra la decisión judicial (medida cautelar por recurso de un padre de familia), incluida la de la propia Generalitat, parecen a la defensiva frente a una inexistente preeminencia del castellano. Como si la lengua perseguida fuera el catalán. Frustraciones mal curadas que agitan la idea del «supremacismo español» en una realidad verificable de catalán a todas horas (ley de educación de la Generalitat) ¿Solo porque un juez ha decidido cautelarmente que al castellano se le haga un huequecito en un colegio?

La derivada sobre el terreno es insoportable. Es como si Jair y Jutglar, los «humoristas del régimen» en TV3, hubieran soltado a sus perros adiestrados para oler a «los españoles que vienen a robarnos» (sic). El grupo de WhatsApp de padres es una escupidera de insultos y frases despectivas hacia el padre que reclamó a los tribunales el derecho de su hijo a recibir una mínima parte de su educación en castellano. 

El asunto tiene precedentes. Sin que haya peligrado ni de lejos la «inmersión» que consideran amenazada los independentistas en sus sobreactuados ataques a «la familia que quiere destruir nuestro modelo lingüístico». Y tampoco tiene nada de «hecho puntual de acoso», como dice el Gobierno al proyectar su distraída mirada sobre la jauría de Canet. 

Se han desbordado los límites de una reivindicación lingüística en lacerantes expresiones de odio al diferente 

Solo el anonimato protege al niño y su familia del apedreamiento. De momento, solo de palabras a modo de «escrache» teorizado en las redes por el crítico gastronómico Jaume Fábrega. Tan duras que han excitado el celo de la Fiscalía, con apertura de diligencias por supuesto delito de incitación al odio. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat y a la dirección del colegio proteger y garantizar la intimidad de unos peligrosos enemigos del pueblo. 

«No queremos supremacistas castellanos que nos odian». O sea, el mundo al revés de José Agustín Goytisolo. En este caso se han llegado a desbordar los límites de una reivindicación lingüística para convertirse en lacerantes expresiones de odio al diferente. Un diferente en minoría que nos remite a la fábula del cordero malo que maltrataba al «lobito bueno» en el poema de Goytisolo.