EL MUNDO 10/11/14
· Los jueces descartaron retirar las urnas por ser «desproporcionado», pero ven indicios de «desobediencia, prevaricación y malversación»
«Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, que me miren a mí. El responsable soy yo y mi Gobierno». De esta forma el president de la Generalitat, Artur Mas, se atribuyó ayer las posibles consecuencias por el proceso participativo del 9 de noviembre. Y podría ser que el president tenga que responder ante un tribunal. Varios juzgados catalanes abrieron ayer diligencias tras recibir denuncias de partidos políticos y particulares contrarios a la votación y cuya consecuencia podría ser la imputación por los delitos de «desobediencia a la autoridad judicial, prevaricación y malversación».
El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, ayer en funciones de guardia, admitió a trámite un total de 15 denuncias presentadas en la capital catalana, entre ellas las presentadas por representantes de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) y un concejal del PP de Esplugues (Barcelona) a título personal. Tras abrir diligencias de investigación, el magistrado reclamó a los Mossos d’Esquadra que redacten atestados para saber si los hechos constituyen un delito. Al final de la jornada de votación la Fiscalía Superior de Cataluña también seguía analizando «la posible concurrencia de responsabilidades penales» y, llegado el caso «ejercer las oportunas acciones legales».
En su auto el juez de guardia de Barcelona recuerda que las personas denunciadas –el propio Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; y los consejeros de Ensenyament e Interior, Irene Rigau y Ramon Espadaler, respectivamente– son aforados. Una situación que llevaría la investigación y sus eventuales imputaciones a ser analizadas en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El magistrado también destaca que si los cargos del Govern y los funcionarios públicos hubieran actuado contra la resolución del Tribunal Constitucional que vetó la consulta alternativa podrían ser acusados de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial, prevaricación y malversación. El auto excluye de esta responsabilidad a los más de 40.000 ciudadanos que actuaron como voluntarios al entender que tienen libertad «de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se les convoca y se les facilita que lo haga».
El juez, quien comparte el criterio con la Fiscalía, sí rechazó aplicar las medidas cautelares solicitadas por UPyD –entre ellas la incautación de urnas y papeletas, el cierre de colegios o incluso la detención de funcionarios o cargos del Govern, entre ellos Artur Mas– al considerar que eran «desproporcionadas». El partido liderado por Rosa Díez anunció ayer que recurrirá contra la decisión.
Jueces del resto de Cataluña también tomaron decisiones en el mismo sentido. Así, tras recibir dos denuncias de particulares, el juzgado de guardia de Tarragona también instó a los Mossos a que identifiquen los locales públicos de votación y a las personas que autorizaron su entrada. También se recibieron denuncias en otros partidos judiciales como Badalona; Mollet del Vallès, donde fue desestimada; Mataró, Vic o Rubí. En Manresa se recibieron otras seis denuncias, cinco de las cuales las presentó PxC y la otra un particular. En ninguno de los casos los magistrados aceptaron aplicar medidas cautelares.
El papel para el que la víspera de la votación parecían destinados ayer los Mossos, instados por la Fiscalía a identificar a los directores de los institutos que acogieron urnas, se diluyó una vez el Govern asumió el jueves por la noche «toda la responsabilidad» en una postura que reiteró ayer el president. El Departamento de Interior se escudó en esa argumentación para evitar imágenes de uniformados identificando a quienes portaran las llaves de los centros educativos o a los voluntarios del 9-N. Ninguno de lo 6.992 agentes desplegados en toda Cataluña realizó una sola identificación en ese aspecto y se limitaron a ejecutar las órdenes emitidas desde la Dirección General de la Policía (DGP): garantizar la seguridad ciudadana.
La policía de la Generalitat sí cumplió con otro de los requerimientos del Ministerio Público y entregó a mediodía una lista con los locales públicos convertidos en puntos de votación. El conseller de Interior, Ramon Espadaler, defendió su actuación y dijo haber cumplido con «con toda normalidad, atendiendo a lo que marca la legislación». Los únicos incidentes se limitaron a la detención de cinco ultraderechistas que destrozaron una urna en Gerona al grito de «Viva España» y la identificación de un joven que amenazó a los miembros de una mesa en Lérida.