- Al margen del descrédito que supone reivindicar conjuntamente cualquier demanda con el brazo político de una banda terrorista, dice muy poco del talante democrático del PNV, del que tanto presumen, cuestionar de ese modo las resoluciones de los tribunales
Hace unos días el Tribunal Supremo ha anulado algunos artículos del decreto que desarrolla la ley municipal vasca relativos a la exigencia del vascuence en las administraciones públicas vascas. El fallo continúa el criterio manifestado por el Tribunal Constitucional en julio de 2023, cuando consideró inconstitucionales los apartados de aquella ley que obligaban a «alegar válidamente el desconocimiento del euskera» para ser atendido en castellano.
En aquel verano de hace dos años 71 alcaldes del PNV y EH-Bildu, en protesta por la resolución del Constitucional, se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar «los obstáculos de la judicatura para quienes queremos vivir en euskera». Aquella protesta de entonces acaba de repetirse hace unos días. En esta ocasión han sido 75 los alcaldes de las citadas formaciones políticas los concentrados frente al Tribunal Superior. Estos regidores, blandiendo sus varas de alcalde y acompañados de docenas de concejales, han querido coaccionar de nuevo a los jueces en la administración de justicia que solo a ellos compete.
Al margen del descrédito que supone reivindicar conjuntamente cualquier demanda con el brazo político de una banda terrorista, dice muy poco del talante democrático del PNV, del que tanto presumen, cuestionar de ese modo las resoluciones de los tribunales. Las varas portadas en alto por los alcaldes, pasan de ser símbolo de autoridad a bastón amenazante cuando se exhiben como protesta contra el Estado de derecho. Respetar la separación de poderes y su independencia, es el ‘abc’ de cualquier demócrata.
La bochornosa escena de hace unos días me ha traído a la memoria otro vergonzoso espectáculo protagonizado también por el PNV y Eusko Alkartasuna hace algo más tiempo. Corría el mes de marzo de 2003 y el Tribunal Supremo ilegalizaba por unanimidad al brazo político de ETA —HB, EH y Batasuna—. El 21 de mayo remitía un escrito al presidente del Parlamento Vasco —del PNV— ordenando la disolución del grupo «Sozialista Abertzaleak» —la marca de los ilegalizados—. La Mesa del parlamento con los votos de PNV, EA e Izquierda Unida, desatendió las órdenes del Supremo y los tres representantes de estas formaciones acabaron siendo juzgados y condenados, en primera instancia, por un delito de desobediencia.
Frente a este desafío, cuya única finalidad era proteger a los ilegalizados con dinero y aforamientos, las formaciones nacionalistas convocaron a sus bases frente al Tribunal Superior de Justicia el 3 de diciembre de 2003 para arropar a los imputados mientras prestaban declaración ante el juez. Allí estuvieron, entre otros y cantando el eusko gudariak —himno del soldado vasco—, el diputado general de Vizcaya, el alcalde de Bilbao y el presidente del PNV en Vizcaya. Todo un ejemplo de respeto institucional.
La colaboración entre el PNV y el brazo político de ETA no se ha limitado al cuestionamiento del poder judicial, también se ha prodigado en defensa de la independencia en su versión eufemística del «derecho a decidir». En junio de 2018 otra de esas asociaciones «independientes» que tanto abundan en el País Vasco —«Gure Esku Dago»— convocó una marcha de San Sebastián a Vitoria reclamando la independencia. Al llegar a Vitoria fueron recibidos y acompañados en su protesta por la presidenta nacionalista del Parlamento vasco. Si algo acreditan estos episodios es que el PNV y demás fuerzas separatistas, lejos de ser la quintaesencia de la democracia, se comportan como formaciones próximas al totalitarismo. Si no estamos rozando ya la democracia iliberal mucho se le parece.
- Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco