EL CORREO 11/04/13
· La medida se limita a diez casos en los que los padres recurrieron a los tribunales, pero la Generalitat no acatará los dictámenes.
El modelo de inmersión lingüística, vigente en Cataluña desde hace tres décadas y que tiene como pilar central que el catalán es la única lengua vehicular en la enseñanza, recibió ayer un nuevo revés judicial. Se trata del enésimo varapalo desde la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de 2010, que falló que el castellano también debe ser el idioma que se utilice en las aulas, no sólo el catalán, para impartir las materias y en todos los niveles de la enseñanza pública y concertada.
Desde entonces, el goteo de sentencias, al calor de denuncias de varias decenas de padres que reclaman que sus hijos puedan ser escolarizados en castellano, ha sido incesante. Y en todas, los tribunales dieron la razón a los padres que pedían una enseñanza también en español. El Govern siempre ha afirmado que esta posibilidad ya la contempla su normativa, ya que ofrece la opción de dar una atención individualizada a los alumnos, según la cual, el estudiante dispone de los materiales educativos en español y el profesor se dirige a él en este idioma, sin separarle del grupo. Esta opción, que fue elegida por sólo 500 familias al principio del pasado curso y 17 en éste, sobre un total de más de un millón de alumnos, recibió hace un año la reprimenda del Supremo, porque «conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de su lengua habitual».
Por ello, el último revés contra el catalán y a favor del castellano, dado a conocer ayer a través de diez autos judiciales, insta a la consejería de Enseñanza de la Generalitat a introducir el castellano como lengua vehicular, junto al catalán, en las aulas donde estén escolarizados los alumnos cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en español, aunque solo sea uno. El Tribunal Superior de Cataluña hace referencia a diez casos concretos y por vimiento por la Renovación Pedagógica– mostraron ayer una vez más su rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada por el Gobierno y que actualmente se encuentra a la espera del dictamen del Consejo de Estado para iniciar el definitivo trámite parlamentario. No es la primera vez que convocan una huelga general contra una normativa que consideran «inconstitucional» –la última fue en febrero con los alumnos de Secundaria y FP–, pero nunca hasta ahora habían confluido todos los colectivos afectados.
Los sindicatos abertzales, ELA, LAB y STEE, y las agrupaciones de padres de alumnos y estudiantes del País Vasco analizarán la convocatoria en los próximos días para decidir si se unen o no al paro. La Concapa, asociación de padres de colegios católicos, se desmarcó ayer del paro y pidió que se evite la pérdida de horas de clase para no perjudicar a los escolares. tanto la decisión judicial obliga a impartir la enseñanza bilingüe en diez clases en total, de cinco colegios de Barcelona, tres de Tarragona y dos de Girona. No sólo los niños cuyos padres han reclamado que el castellano sea lengua vehicular recibirán enseñanza en español, sino por extensión todos sus compañeros. Los jueces, no obstante, no concretan cómo debe aplicarse este bilingüismo, ya que afirma que es potestad de la Generalitat establecer la proporcionalidad entre ambas lenguas.
Los fallos, no obstante, abren la puerta a que los padres que quieran que sus hijos aprendan las asignaturas (matemáticas, historia, naturaleza…) en castellano puedan exigirlo en los tribunales y por tanto la batalla lingüística podría seguir librándose en los juzgados. Aunque una sentencia del Tribunal Supremo dejó claro en febrero que el modelo de inmersión lingüística de Cataluña cuenta con el aval legal, el Alto Tribunal reconoció el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano, lo que barrunta nuevos litigios. De ahí que la posición de la Generalitat siempre ha sido que los casos particulares no alterarán el sistema.
El Govern catalán, en cualquier caso, anunció ayer que no ejecutará los autos porque están recurridos y cree que el Supremo acabará dándole la razón. «No es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres», dijo la consejera de Educación Irene Rigau.
EL CORREO 11/04/13