EDITORIAL EL MUNDO – 16/11/16
· Como la mayoría de los ciudadanos esperaba, el Estado de Derecho ha respondido con firmeza y contundencia a la brutal agresión sufrida el pasado 15 de octubre por dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. El lunes, la Audiencia Nacional encarceló a seis de los ocho implicados en el suceso, acusados de un delito de terrorismo, ya que la jueza Carmen Lamela entiende que no se trata de un hecho aislado o puntual sino que forma parte de una estrategia radical más amplia para amedrentar a los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco y Navarra.
De hecho, al menos cuatro de los detenidos forman parte del movimiento Ospa Mugimendua en Alsasua, una plataforma abertzale que organiza protestas y acciones violentas bajo el lema ¡Fuera de aquí!, en referencia a las fuerzas y cuerpos de la seguridad de Estado en la comunidad foral. Uno de ellos, Jokin Unamuno, está considerado como el principal «promotor» del movimiento, heredero de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía. Lamela, además, considera que las cuatro personas fueron agredidas sólo por su condición de guardias civiles y de parejas de éstos, y esa fue «única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados».
El encarcelamiento provisional, por tanto, está justificado porque en un Estado de Derecho no pueden existir espacios de impunidad para los violentos que cuestionan la convivencia democrática y quieren que la sociedad permanezca en un constante enfrentamiento civil. Y por desgracia, este clima de radicalización social está consentido, cuando no directamente fomentado, por algunos políticos abertzales.
Nuestro periódico informaba ayer de la irresponsable política de subvenciones promovida por el Gobierno foral de Navarra, presidido por Uxue Barkos, de Geroa Bai, que se sostiene con el apoyo de EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos. Bajo el pretexto de fomentar el euskera a través de los medios de comunicación online, el Ejecutivo de Barkos, junto al Ayuntamiento de Pamplona, regido por el alcalde de EH Bildu Joseba Asirón, comprometidos ambos activamente en la euskaldunización de Navarra, han otorgado dinero público a la página web Ahotsa, una de las vías a través de las cuáles se llama a la movilización contra la Guardia Civil en Navarra.
La plataforma, además de fomentar el odio contra los miembros del Instituto armado, promueve el apoyo a los presos etarras. No en vano, la persona que recibió el dinero de los contribuyentes, M. Ángel Llamas Montoya, ya fue detenido en una operación contra ETA en 2011, acusado de dirigir la propaganda de la organización terrorista. Otra de la caras más representativas de Ahotsa, Sergio Labayen, fue también detenido en 2013 en una operación antiterrorista cuando lideraba Herreria, ilegalizada junto a Askatasuna y Gestoras Pro Amnistía.
Todo esto pone de manifiesto la pretensión de convertir Navarra en un laboratorio abertzale con el objetivo último de facilitar la incorporación de Navarra al País Vasco, un procedimiento contemplado en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. La voluntad de imponer a la fuerza el uso del euskera en esta comunidad y el empeño en anteponer la identidad euskaldún a la variada cultura que conforma el tejido social navarro son prueba inequívoca de ello. Pero también lo es que Geroa Bai, la rama navarra del PNV, esté siendo cómplice de la implantación en Navarra de un terrorismo de baja intensidad como el que pretende mantener viva la izquierda abertzale en el País Vasco. Organizaciones como Sortu y EH Bildu, y dirigentes como Arnaldo Otegi se resisten a enterrar el pasado y reivindican con su actividad política el legado de muerte y terror que impuso ETA a toda la sociedad española.
Lo sucedido en Alsasua, por tanto, no es sino la consecuencia del proyecto político de Barkos y sus socios radicales para trasladar a Navarra la herencia de odio y conflicto permanente de los independentistas vascos. Pero lo cierto es que ETA fue derrotada por la decidida acción del Estado de Derecho, y a ese mismo Estado le corresponde la tarea de velar porque no se instale la impunidad ni cobre carta de naturaleza el discurso de que no hay vencedores ni vencidos. Y en ese empeño no pueden existir fisuras entre los partidos constitucionalistas. Tampoco, la actuación del Gobierno y de la Justicia debe titubear a la hora de frenar el avance de los violentos. De ello depende que llegue a buen puerto el proceso de reconciliación y los vascos y navarros puedan vivir sin la amenaza del terror.
EDITORIAL EL MUNDO – 16/11/16