Tal proceder, trufado de un cruce de gruesas descalificaciones que afectan al rigor profesional de jueces y fiscales, excede con mucho el derecho a la crítica del que en ningún caso puede estar exento el Poder Judicial. Además, merma de forma apreciable su credibilidad -mucho más difícil de restituir, una vez dañada, que de socavar-, lo que no resulta inocuo. En esa ofensiva se han distinguido los independentistas catalanes, empeñados en caricaturizar la democracia española como una república bananera. Mucho más inquietante es que, siendo o no conscientes de ello, se sumen a la desacreditación de la Justicia el PSOE y el PP, las dos formaciones que se han sucedido en el poder en los últimos cuarenta años, en función de que sus actuaciones obstaculicen o faciliten la impunidad de los encausados en el ‘procés’.

Dada su trascendencia, es natural que la amnistía -la piedra angular de la legislatura- desencadene un encendido debate sobre su conveniencia, efectos políticos y legalidad. Pero, por muy enfrentadas que estén sus posiciones, los dos partidos que son el bastión de nuestro modelo constitucional deberían evitar que ese pulso cause heridas irreparables a la imagen de instituciones básicas del Estado de Derecho. Por desgracia, no parecen estar por la labor.