ABC 20/02/17
· De 31 acusados, solo se absolvió a uno, más los cinco que dejó libres en enero el juez Pedraz
El exprisionero de Guantánamo Lahcen Ikassrien fue condenado en septiembre por la Audiencia Nacional a once años y medio de cárcel como jefe de «una auténtica plataforma» de envío de combatientes a Siria» que, según el tribunal, guardaba «cierto paralelismo con la célula de captación del 11M». De hecho, esta pena impuesta al líder de la llamada «Brigada Al-Andalus» supera a la de ocho de los 19 terroristas que cumplen o han cumplido condena por la masacre de los trenes de 2004 y constituye el castigo más alto dictado contra un yihadista en España en 2016, el año en el que el islamismo violento empezó a sentarse realmente en el banquillo.
Los números no dejan lugar a dudas. Si en 2014 constan dos condenados por delitos de esta naturaleza y en 2015 trece más –hubo dos juicios y un acuerdo de conformidad–, durante el año que acaba de terminar la actividad judicial en este ámbito se triplicó.
Se celebraron en total diez vistas orales en las que respondieron ante los jueces 30 procesados, a los que cabe sumar un encausado más que aceptó su culpa. En total 31 yihadistas frente a la Justicia, de los que una mayoría de 25, el 80 por ciento, fueron sentenciados a cárcel, en tres casos sustituible parcialmente por la expulsión de territorio español, y a medidas posteriores de libertad vigilada. El resto fueron 6 absueltos, cifra engordada a última hora cuando el juez Santiago Pedraz decidió ya en enero dejar en la calle a cinco sospechosos de preparar un atentado. De ellos dijo que sí podrían haber incurrido en enaltecimiento terrorista, pero que nadie había pedido responsabilidades por tal delito.
La hora de rendir cuentas
España, en resumen, entra de lleno «en la fase de los juicios» a los acólitos del Daesh, Al Qaeda y sus franquicias. Lo dice la fiscal de la Audiencia Nacional coordinadora para la lucha contra el terrorismo yihadista, Dolores Delgado, que en conversación con ABC precisa que los procedimientos se alargan «entre un año y medio y dos años» dependiendo del número de acusados contenidos en cada expediente y que, por tanto, –con permiso de los «atascos en los juzgados»– ha llegado la hora de ver en sala a las decenas de detenidos habidos, sobre todo, a partir de 2013 y 2014. La acción proselitista de los reclutadores a través de internet y las redes se disparó entonces «de forma exponencial» y con ella su persecución policial y judicial.
Unos 40 más en 2017
De acuerdo con los antecedentes expuestos en las sentencias, la inmensa mayoría de los 31 que obtuvieron un veredicto en 2016 habían sido arrestados entre 2013 y 2015, años en los que la Policía capturó en España a cuatro veces más sospechosos. En concreto, 131 según datos del Ministerio del Interior, amén de otros 17 que fueron atrapados en el extranjero. ¿Qué ha sido de los que no han comparecido aún ante el juez y de los 69 más interceptados en los últimos doce meses?
Instituciones penitenciarias custodia actualmente a 128 hombres y mujeres por actividades relacionadas con el yihadismo, 32 penados y 96 preventivos, según la información a la que ha tenido acceso este diario.
Y es que, aunque sintonizadas, la perspectiva policial no es igual que la judicial y, como recuerda la fiscal de la Audiencia Nacional, «no todos los detenidos van a prisión, algunos quedan en libertad». Aporta el dato de que gran parte, «el 75 u 80 por ciento, e incluso más» sí ingresan de forma provisional en razón de lo que marca la ley: «riesgo de fuga, de que puedan manipular pruebas o incurrir en reiteración delictiva», como por ejemplo, cometer un atentado.
De ellos, añade «no todos acaban acusados», debido particularmente a falta de pruebas, lo que desemboca en su puesta en libertad. Si son extranjeros y se cumplen las condiciones lega-