El Poder Judicial es la cenicienta de nuestra democracia. Mientras los otros dos poderes del Estado disfrutan de un holgado presupuesto que permite a sus miembros vivir rodeados de lujos y comodidades, a los integrantes del judicial se les exige que, con unos medios ciertamente precarios, mantengan la casa democrática limpia y a salvo de quienes la quieren asaltar. Como le sucede al personaje de Disney, que depende económicamente de la madrastra que la vapulea y la maltrata, el poder judicial está sometido a los designios presupuestarios de quienes la quieren intervenir y subyugar.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha asumido el rol del príncipe encantador con la pretensión de embaucar a los ciudadanos de nuestro país: gracias a las injerencias del Gobierno socialcomunista en la Justicia, ésta dejará de ser mucama y pasará a ser princesa. Quienes hacen seguidismo al Gobierno aseguran que bastará calzarla con un par de reformas legislativas para que funcione el hechizo. Insisten en reformar el sistema de elección de los jueces y magistrados del CGPJ para que se les elija por mayoría absoluta en lugar de la actual reforzada (3/5 de las Cámaras), y en encomendar la instrucción de los delitos a la Fiscalía. Ya hay dos iniciativas legislativas en marcha, aunque la referente al CGPJ la hayan dejado en suspenso tras los toques de atención europeos. Pero ambas son puro camelo. Fake news, como se dice ahora.

Encomendar la instrucción a los fiscales será un craso error que ahondará en el desprestigio y sometimiento del Poder Judicial

Efectivamente, y al contrario de lo que sucede en las ficciones de Disney, la magia que precisa la Justicia sólo puede obrarse conjugando la independencia económica con una mayor independencia orgánica. Y las dos reformas planteadas por el Ejecutivo van en sentido contrario. Ciertamente, lo que se pretende modificando el sistema de mayorías en la elección del CGPJ es que el gobierno de los jueces tenga correspondencia ideológica con las mayorías gubernamentales de turno. Y no hay que ser muy avezado para concluir que una mayor identificación política redundará en una menor independencia orgánica y presupuestaria. Y mientras ambas formas de autonomía no estén garantizadas, encomendar la instrucción a los fiscales será un craso error que ahondará en el desprestigio y sometimiento del Poder Judicial.

Yo no les voy a negar que las altas instancias judiciales están mucho más politizadas de lo que debieran, pues las identidades de quienes ocupan los veinte asientos del CGPJ -que intervienen en el nombramiento de los puestos más relevantes de la judicatura- dependen de un acuerdo político. Y más que lo harán cuando el Gobierno saque adelante su reforma, porque ni tan siquiera será fruto de un acuerdo con la oposición.

La instrucción de los fiscales

Pues si esto les parece escandaloso, ni les cuento lo que sucede con los altos cargos de la Fiscalía. A la fiscal general del Estado la elige a dedo el Ejecutivo. Hasta ahora se había obrado con cierto pundonor, designando a profesionales en ejercicio con cierta aura de prestigio. Pero Sánchez va a calzón quitado desde que conformó su gobierno con Podemos tras la repetición electoral, y no dudó en encumbrar a la que, hasta ese momento, había sido su ministra de Justicia.

Que el salto de Dolores desde La Moncloa a lo más alto de la Fiscalía haya ido precedido del anuncio de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminalpara que los fiscales asuman las labores de instrucción, es muy revelador de las intenciones del Ejecutivo, a la vez que preocupante. Permítanme explicarme.

La instrucción en el proceso penal consiste en una serie de actuaciones tendentes a esclarecer las circunstancias de un hecho con apariencia de delito, así como la averiguación de las circunstancias del presunto autor o autores con el objeto de preparar el juicio oral o excluir su celebración.

Hoy en día esta tarea la tienen encomendada los jueces y magistrados, cuyos superiores jerárquicos (bien sea otros jueces o magistrados, bien el CGPJ) no pueden dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 12 de la LOPJ). Vamos, que el juez tiene total independencia en el desarrollo de sus tareas.

La fiscal general cuenta con la potestad de impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio

No sucede lo mismo con los fiscales, aunque también formen parte del Poder Judicial. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, éste se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, lo que determina que cualquier fiscal es susceptible en el desarrollo de sus funciones de recibir órdenes de sus superiores. Efectivamente, la fiscal general cuenta con la potestad de impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, sin importar que sean de carácter específico o general. Estás órdenes, instrucciones y comunicaciones se harán a través del superior jerárquico correspondiente, cuyo nombramiento y estatus en la carrera fiscal dependen muchas veces directamente de ella. Y la desobediencia puede ser constitutiva de sanción. Muchos fiscales “de trinchera” les dirán que las instrucciones u órdenes no son nada habituales. Pero que no sea normal ni frecuente no implica que no sea posible.

‘Autoridad judicial’

La excusa del ministro de Justicia es que España tiene que equipararse con sus homólogos europeos. Pero tal y como recuerda el juez Carlos Viader Castro en un artículo escrito para el portal jurídico “A definitivas”, las instituciones europeas ya se han pronunciado. Concretamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en varias resoluciones ha declarado que el fiscal de un Estado miembro que, si bien participa en la administración de la Justicia, puede recibir, en el marco del ejercicio de su potestad decisoria, una instrucción individual del Poder Ejecutivo no constituye una “autoridad judicial”. Y, como recuerda Carlos, aunque en el estatuto del Ministerio Fiscal se consagre su independencia formal del Ejecutivo cuando se establece que la Fiscalía actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados, lo cierto es que tanto el nombramiento de Delgado, como aquella pregunta retórica que pronunció Pedro Sánchez ante la prensa dando por sentado que la fiscalía depende del Gobierno, justifican sobradamente la alarma de numerosos sectores sociales, incluida la judicatura, ante la reforma de la instrucción.

El Delcygate y el Supremo

En los últimos tiempos son llamativos los dispares criterios que han mostrado la Fiscalía y la judicatura en informes y resoluciones de algunos asuntos que afectaban directamente a miembros del ejecutivo: mientras que el ministerio público afirmaba que la zona de tránsito donde el ministro Ábalos se reunió Delcy Rodríguez no es suelo español a pesar de lo establecido con meridiana claridad en la legislación y por la jurisprudencia, el Supremo ha afirmado taxativamente que el encuentro se produjo en territorio nacional (aunque considere que el incumplimiento de resoluciones del Congreso no sea constitutivo de un delito de prevaricación). También que por parte de la Fiscalía se abogase por considerar libertad de expresión las declaraciones de Echeniquellamando violador al hombre asesinado por la candidata del partido en Ávila, al tiempo que se pedía investigar por delito de odio al político de VoxOrtega Smith tras sus declaraciones tildando de terroristas a las ’13 rosas’. Mientras que la querella contra este último ha sido archivada por el Supremo, la juez que ha tramitado la demanda contra el de Podemos lo ha condenado a pagar una indemnización de 80.000 euros a la familia por intromisión ilegítima en el honor. Y veremos en qué quedan algunas de las querellas interpuestas contra el Gobierno por su gestión de la covid-19, especialmente las relativas a la falta de suministro de material sanitario. La fiscalía aboga por archivarlas todas en bloque.

Hay que acometer antes profundas modificaciones legislativas, pero no son precisamente las que pretende este Gobierno

El actual clima político ahonda en la desconfianza, es inevitable. Una reforma de este calado debe emprenderse en un contexto político y social distinto, no en medio de un estado de alarma generado por una pandemia. Además la realidad es que sólo será útil desde el punto de vista de la injerencia política, porque en el devenir cotidiano de los juzgados nada cambiará: sin mayor dotación presupuestaria a la labor judicial, las carencias materiales que encuentran actualmente los jueces en la instrucción las heredarán los fiscales.

Hay que acometer antes profundas modificaciones legislativas, pero no son precisamente las que pretende este Gobierno: por un lado, modificar el estatuto del ministerio fiscal para garantizar la independencia de los fiscales en el ejercicio de su labor. Por otro, reformar el CGPJ para que los doce jueces y magistrados sean elegidos entre sus compañeros. Y finalmente, que sea el Poder Judicial el que ejecute, si no todo, buena parte del presupuesto, que deberá incrementarse sustancialmente. Éste sería un buen caldo de cultivo para que germinase una Justicia independiente. Cualquiera diría que lo que se persigue desde el Gobierno es su extinción.