EL MUNDO 01/02/14
· El TSJC se dirige directamente a cinco colegios para que atiendan esta reclamación
· La Generalitat acusa al Tribunal de imponer el modelo del PP
El sistema de inmersión lingüística en catalán podría tener las horas contadas en las escuelas de Cataluña con la última resolución judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) emitió ayer cinco autos en respuesta a las peticiones de otras tantas familias en los que fija en un 25% la utilización mínima del castellano en horario lectivo de las escuelas catalanas. Se trata de la respuesta que este tribunal hace a ejecuciones de sentencia o petición de medidas cautelares interpuestas por familias que querían que sus hijos recibiesen una educación bilingüe.
El TSJC fija un 25% de clases en castellano del total de horas lectivas. La medida se aplicará en los cinco centros en los que estudian los demandantes porque el uso del castellano es «manifiestamente insuficiente». En este sentido, los magistrados apuntan que en otros dos casos estudiados, al margen de estos cinco resueltos ayer, existe una «proporción razonable» de castellano en los colegios demandados por los padres de los alumnos.
En sus resoluciones, el TSJC destaca que en el porcentaje de asignaturas en castellano se deben incluir materias troncales, como matemáticas o medio natural o social, además de la lengua y literatura castellanas. De esta forma, el TSJC considera que se garantiza una presencia amplia del catalán como lengua vehicular sin que el castellano se vea reducido a una utilización «marginal». Los autos reconocen que el catalán debe ser «el centro de gravedad del sistema», pese a que se debe hacer efectiva «la presencia vehicular del castellano en una proporción razonable».
Para determinar este porcentaje del 25%, el TSJC se fundamenta en la Ley de Política Lingüística del Parlament de 1998 y en el Estatut de 2006. El auto recuerda, además, que decisiones del Tribunal Supremo ya establecen que este sistema se debe aplicar a los alumnos demandantes «junto con sus condiscípulos», por lo que toda la clase deberá estudiar el mismo porcentaje de horas en castellano, lejos de la atención personalizada que ofrece ahora la Generalitat.
En este sentido, los magistrados indican que la atención individualizada en castellano «conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de la lengua habitual». Antes de tomar una decisión recibieron documentación de cada centro en la que explicaban el plan de estudios de los alumnos. En algunos centros, como la clase de P-5 de la escuela de Mare de Déu del Roser de Barcelona, los menores no recibían ni una hora en castellano.
Los autos del TSJC están dirigidos a aquellos centros con alumnos cuyos padres pidieron que sus hijos recibiesen educación bilingüe. En concreto, Sant Bonaventura Franciscans, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Mare de Déu del Roser y Escola Pia Sarrià-Calassanç, de Barcelona: Escolapies Sant Josep de Calassanç, de Sabadell; y el Instituto Alba del Vallès, de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona). Precisamente, el director de este centro explicó ayer en TV3 que el alumno que solicitó más clases en castellano ya las recibía en materias como matemáticas, tecnología y ciencias experimentales.
El tribunal constata que los colegios no usan las dos lenguas de forma vehicular como establece la sentencia del Constitucional. Incluso, afirma que «la Administración catalana demandada no ha cumplido debidamente el requerimiento» para que garantizar el bilingüismo. Por eso, por primera vez, el TSJC deja al margen a la Generalitat y solicita «directamente la colaboración del centro educativo» para introducir el castellano en materias troncales. Para acatar esta orden, el tribunal fija el plazo de un mes a los directores.
Convivencia Cívica Catalana, que ha promovido estos procesos, lamentó que el TSJC no haya fijado el 50% de las clases en castellano siguiendo las directrices del Supremo. Destaca que la decisión judicial es «un paso adelante» para suprimir el «inconstitucional y excluyente» sistema de inmersión lingüística y reitera que se abre la vía para «un procesamiento de la consejera de Educación, Irene Rigau, por un delito de desobediencia» a la Justicia, ya que no ha cumplido con las resoluciones anteriores.
El presidente de Convivencia Cívica, Francisco Caja, afirmó que los autos sientan un precedente para que las reclamaciones no tarden varios años en tramitarse.