LA VANGUARDIA, 24/10/11
Fiscalía y Abogacía del Estado no van a recurrir contra las listas de Amaiur
La justicia se prepara para afrontar el nuevo escenario tras el anuncio del fin definitivo de la violencia de ETA. Los procesos van a seguir. Pero la nueva situación influirá en su curso. Es obvio que se seguirán juzgando los delitos y que los jueces de la Audiencia Nacional consideran imprescindible el rigor. Pero las consecuencias de los procesos no serán las mismas.
El primer beneficiario será el mundo abertzale. De entrada, el Gobierno no tiene previsto presente demanda contra las listas de Amaiur, la marca abertzale para las elecciones generales. Los informes policiales que están recibiendo la Fiscalía y la Abogacía del Estado desaconsejan actuar como se hizo en el caso de Sortu ante las municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo.
La renuncia a impugnar las listas de Amaiur tiene sólidos fundamentos jurídicos, al margen de toda consideración sobre estrategias políticas para favorecer el fin de la violencia. El precedente de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre Sortu pesa mucho. El Tribunal Supremo (TS) consideró que Sortu era un nuevo proyecto en la órbita de ETA, pero luego el TC modificó ese criterio, aunque por un solo voto de diferencia.
Quedó así establecida una doctrina a favor de los derechos de participación política que ahora no permitiría obtener fácilmente la prohibición de Amaiur. Más aún, el Gobierno sabe que si impugnase este nuevo proyecto, parte de los magistrados del Supremo que en su momento estuvieron contra la admisión de las listas de Sortu podría inclinarse a favor de aceptar las de Amaiur, al asumir los argumentos utilizados por el Constitucional.
Incluso con estos precedentes, en otro clima el Ejecutivo habría podido intentar la impugnación de Amaiur, dejando la patata caliente en manos de la justicia. Pero el criterio unánime en medios del Gobierno es que ahora no tendría sentido el recurso. Amaiur es la suma de Aralar y Bildu, dos formaciones que ya actúan legalmente en la vida política.
Aunque las listas de Amaiur no se recurran, el Supremo y el Constitucional siguen teniendo mucho trabajo pendiente sobre el mundo abertzale. Tras la anulación de las candidaturas de Sortu vino su impugnación como partido político. El recurso está aún pendiente ante el Constitucional. Es improbable que la sentencia se dicte antes del 20-N. Pero es prácticamente seguro que Sortu será legalizada. Primero, porque se permitieron sus listas, y segundo, porque en el Constitucional ahora podría haber incluso una mayoría más alta a su favor.
A su vez, Arnaldo Otegi, el ex portavoz de Batasuna, no va a salir rápidamente de prisión, pero se abren nuevas perspectivas para su caso. Está condenado a diez años de cárcel. La Audiencia Nacional consideró que su participación en el intento de poner en pie un nuevo proyecto abertzale, Bateragune, se hizo para suceder a Batasuna y siguiendo instrucciones de ETA. Pero el recurso ante el Supremo puede tener ahora mejores perspectivas de prosperar. Otegi fue condenado como dirigente de una banda armada. Bastaría que su conducta fuese considerada meramente como colaboración con dicha organización para que la pena se redujera de manera sustancial, hasta permitir su excarcelación.
El TC tiene también pendiente su sentencia sobre la doctrina Parot, que supone un sistema de cómputo de las penas dirigido a su cumplimiento íntegro en los casos de los delitos de sangre. El proyecto de sentencia con el que trabaja el Constitucional avalará la constitucionalidad de dicho procedimiento, pero anulará su aplicación a algunos casos concretos. La idea es impedir que la doctrina Parot se aplique en todos los supuestos de forma retroactiva. El TC, sin embargo, estaba a la expectativa y no ha terminado la deliberación de su fallo a la espera de acontecimientos, con la esperanza de dictar sentencia en un clima en el que la política antiterrorista no fuera terreno abonado para la confrontación entre PP y PSOE. En medios del TC se estima que esa situación propicia se producirá, probablemente, después de las elecciones de noviembre próximo.
LA VANGUARDIA, 24/10/11