EL MUNDO – 22/08/15
· Familiares de presos de ETA iban a realizar el acto, una «humillación» para las víctimas según el Gobierno.
Actuación rápida. En apenas 24 horas, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha evitado lo que considera un «nuevo acto intolerable de humillación a las víctimas» del terrorismo. Es el tiempo transcurrido desde la orden dada a la Abogacía del Estado para tratar de evitar que familiares y amigos de los presos de ETA lanzaran el chupinazo festivo de Ibarra, en Gipuzkoa, hasta el rápido auto judicial que atendió su petición.
La resolución judicial llegó sobre la campana
Media hora antes de que las familias de los reclusos de la banda terrorista dieran el pistoletazo de salida a las fiestas de este municipio; desde los Juzgados de San Sebastián se dictaba un auto que decretaba la suspensión cautelar del acto al estimar que podría producir efectos «irreparables».
La decisión pasaba así a estar en manos del Ayuntamiento de Ibarra, gobernado por EH Bildu, partido que no ha dudado en desafiar a la Justicia en anteriores ocasiones. Pero el Consistorio optó por acatar el pronunciamiento judicial y canceló el arranque festivo previsto.
Urquijo conoció el protagonismo de los presos de ETA en el arranque festivo justo el día anterior al ver el programa de fiestas aprobado en este municipio de unos 4.300 habitantes. Entonces, intentó impedir a contrarreloj esta «ofensa flagrante».
La movilización alcanzó una doble dirección. Por un lado –la vía que ha resultado exitosa– ordenó a la Abogacía del Estado interponer un recurso contra el Ayuntamiento de Ibarra como promotor del acto para lograr su suspensión. Por otro, puso los hechos en conocimiento del fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, para que adoptara medidas oportunas.
Éste requirió el mismo día información del acto al Consistorio, que le transmitió su intención de no celebrar el chupinazo ante la actuación de Urquijo. En todo caso, fue la resolución judicial la que obligó al Ayuntamiento a desistir , según admitió el alcalde, Mikel Aguirrezabala. «Hemos decidido no hacer el chupinazo por lo que pueda pasar», manifestó.
Así, el primer edil y la comisión de fiestas comparecieron para informar de la cancelación del acto al verse «obligados» por la Justicia «como medida cautelar»; por lo que las fiestas comenzaron sin el lanzamiento del chupinazo desde el Ayuntamiento. Apartado el entorno de los presos de ETA, el pasacalles de gigantes y cabezudos dio inicio a cinco días festivos que también incluyen una «fotografía colectiva» de la plataforma independentista Gure Esku Dago (Está en nuestra mano).
El alcalde abertzale calificó de «injusta» y «desorbitada» la decisión judicial y arremetió contra Urquijo. Horas después, la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat se sumó a las críticas contra el delegado del Gobierno, a quien acusó de seguir «las directrices marcadas por ciertos colectivos que únicamente buscan venganza» contra los allegados de los etarras encarcelados.
Sin embargo, Urquijo sostenía que dar el protagonismo del inicio de las fiestas a «los amigos y familiares de represaliados de Ibarra» constituía «una acción que lleva implícita la exaltación del terrorismo». Sus argumentos fueron asumidos por el juez Víctor Mora, que aseguró que si se hubiese celebrado el chupinazo «la situación que se generaría sería irreversible, pues los efectos del acto serían irreparables».
EL MUNDO – 22/08/15