En pleno proceso de admisión escolar, la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo de la Comunidad Valenciana que tenía que comenzar a aplicarse el próximo curso en Infantil cayó ayer como un auténtico jarro de agua fría en el Consell. El varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a la Consejería de Educación –que ya ha anunciado que recurrirá– puede suponer en la práctica la vuelta al decreto de 2012 que impulsó el Partido Popular. Y todo ello en unas fechas en las que las familias deben elegir colegio en función de su programa lingüístico.
El TSJCV ha aceptado la petición que había realizado la Diputación de Alicante en su recurso, en el que alegaba que la norma «discrimina» al alumnado que opta por la enseñanza en castellano. Aunque el auto de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo señala que no entra de momento «al fondo del recurso», sí que desliza dónde puede estar el principal reparo al decreto: «Pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado».
«De no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», justifica el auto. En concreto, el decreto ahora paralizado contempla que los estudiantes puedan certificar conocimientos de inglés y valenciano en función del nivel de plurilingüismo de su colegio. Con niveles más avanzados (con más horas de valenciano e inglés), mayor será el título de idiomas que se pueda obtener. Así, en el nivel intermedio se certificará al acabar Bachillerato un A1 de inglés y un B2 de valenciano. En el avanzado, se logrará automáticamente un B1 de inglés y un C1 de valenciano. Sin embargo, en el nivel básico –el correspondiente a la enseñanza en castellano– no hay opción de certificar.
El Ministerio de Educación ya pidió explicaciones a la Consejería sobre este punto, entendiendo también que podía dar lugar a una «discriminación». En su respuesta, el Departamento que dirige Vicent Marzà (Compromís) avanzó la intención de regular unas pruebas que permitan la certificación a «todo el alumnado». Es decir, que la Consejería esquivó la reprimenda del Ministerio con la promesa de un desarrollo reglamentario posterior, y lo cierto es que el Gobierno central no ha recurrido el decreto.
El propio conseller lo destacó ayer, asegurando que su decreto cuenta con el aval del Ministerio, pero también del Consell Jurídic Consultiu y de la Abogacía de la Generalitat. Preguntado sobre si esta decisión del TSJCV no supone una «parálisis» en la aplicación de la norma, Marzà insistió en que la decisión del Tribunal no es de aplicación directa porque la sentencia «no es firme» y su Departamento cuenta con cinco días para recurrir.
Aun así, sindicatos docentes como STEPV y CCOO cuestionaron ayer la fundamentación jurídica de la suspensión cautelar del decreto, advirtiendo precisamente de los graves perjuicios que puede tener en la práctica para centros y padres.
Para el STEPV, las consecuencias pueden ser «muy graves» porque «los centros ya han hecho públicos sus niveles del programa plurilingüe que aplicarán el próximo curso». En esta línea, CCOO criticó la suspensión cautelar «por intentar evitar consecuencias que no se producirán inmediatamente». Por el contrario, los sindicatos CSIF y ANPE aplaudieron la decisión del TSJCV, pues ambos han recurrido también el decreto.