En una democracia tan judicializada como española el poder judicial juega un papel esencial. Pedro Sánchez, que tiene una gran intuición para buscar complicidades con los grandes colectivos y lobbies de poder y control social, colocó en su Gobierno a tres jueces: Marlasca, Dolores Delgado y Margarita Robles. No solo por su aportación individual al equipo de gobierno, sino por su ascendente sobre bloques de poder dentro de la propia judicatura (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional).
Hay que recordar que la redacción de la sentencia sobre una pieza del caso Gürtel de dos municipios de Madrid resultó un instrumento clave en manos de la oposición para articular la moción de censura que llevó al poder a Sánchez. Meses después, la Audiencia Nacional ha señalado que el juez De Prada, ponente de la sentencia, introdujo aspectos innecesarios sobre el Partido Popular dando por probados hechos que no se juzgaban en ese procedimiento, como la supuesta «estructura financiera y contable paralela» del partido conservador. Así que los magistrados decidieron apartarle del tribunal que juzgará la ‘caja B’ porque su imparcialidad ya está «comprometida». Demasiado tarde.
El objetivo del poder ejecutivo para acercar las resoluciones judiciales a sus intereses se acomoda en dos direcciones. Designando para puestos clave de la administración de Justicia a jueces y magistrados afines y/o presionando sobre los tribunales desde las instancias políticas. En la inminente configuración del nuevo Gobierno el área de Justicia que, sin embargo, está fuera del foco del reparto de carteras, tendrá una importancia capital. La novedad es que en esta ocasión hay un tercero en liza. Al pulso tradicional entre PP y PSOE para designar a los miembros de las grandes instituciones se suma ahora Podemos. El último susurro sitúa en las quinielas para ministra de Justicia a Vicky Rosell y a Cándido Conde Pumpido en la presidencia del Tribunal Constitucional. La primera jueza y diputada de Podemos por Canarias tiene una trayectoria radical de izquierda que no deja lugar a dudas; y su enfrentamiento con el PP ha acabado en los tribunales.
El segundo es un activista del socialismo judicial que no se ha ahorrado declaraciones en las que se muestra inclinado a poner la Justicia al servicio de los objetivos «de Estado». En una legislatura como la que se perfila en el horizonte con decisiones políticas que vayan bordeando la frontera entre los derechos individuales y los colectivos y la irrupción formidable del sector público en la vida individual, el papel de los jueces se prevé decisivo. Sin contar con el descomunal embrollo de apelaciones derivadas del ‘procés’ y la sentencia a los sediciosos. Si como parece, al final los partidos independentistas son decisivos en la investidura y en la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, los jueces tendrán un papel preponderante. Parafraseando aquel eslogan del estratega de Bill Clinton habría que decir: ‘Is the justicie stupid’.