La división de poderes no consiste en que el poder legislativo sea inmune (y su presidente impune) respecto al poder judicial. El Código Penal no se detiene en las puertas del Parlamento vasco, cuyas leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por el Constitucional. Pero esto no es una agresión a las instituciones autonómicas, sino la lógica del sistema.
Miles de simpatizantes nacionalistas recorrieron el sábado las calles de Bilbao para protestar por la sentencia del Tribunal Supremo en la que condena a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por desobedecer su orden de disolver el grupo Socialista Abertzaleak en el Parlamento vasco.
Recordarán ustedes que la defensa de los procesados se basó en que éstos no pudieron cumplir la orden del Tribunal Supremo tras la sentencia de ilegalización de Batasuna y marcas afines del 27 de marzo de 2003. La razón era que el reglamento del Parlamento vasco les impedía disolver el citado grupo parlamentario. Aun tomando en serio el argumento, no debería ser obstáculo para que el Parlamento vasco no cumpliera la orden de disolución. Había al menos dos procedimientos para ello. El primero fue aplicado por el Parlamento navarro: el presidente envió a los parlamentarios de SA al grupo mixto. El segundo consistía en reformar el Reglamento para que hiciera explícito el acatamiento de las sentencias judiciales. Ambas fórmulas requerían el acuerdo de la Junta de Portavoces y los partidos de los procesados y condenados, (PNV, EA y EB) se negaron a acordar tal cosa.
A falta de conocer el texto de la sentencia, no parece razonable la ‘kermesse’ escasamente heroica que iniciaron el sábado los dos partidos nacionalistas y EB, esa tonta inflorescencia que ha salido entre ambos. Una somera lectura de Montesquieu basta para comprender en qué consiste la división de poderes. No es en que el poder legislativo sea inmune (y su presidente impune) respecto al poder judicial. Las leyes del Parlamento vasco pueden ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero esto no es una agresión a las instituciones autonómicas, sino la lógica del sistema. Tal como apuntaba el ponente de la sentencia del TS del 7 de noviembre de 2006, Perfecto Andrés Ibáñez, el Código Penal no se detiene en las puertas del Parlamento vasco.
¿Cabe pensar que Atutxa era un hombre tratando de cumplir una sentencia contra la dificultad insalvable de un reglamento de hierro? Sólo desde una percepción mitológica de la realidad. Ninguno de sus predecesores ni quien le sucedió se han tomado tantas licencias con el reglamento de la Cámara vasca para hacer lo que convenía al Gobierno y al principal de los grupos que lo sustentaba.
El 26 de mayo de 2000 expulsó al portavoz del PSE Jesús Eguiguren por responder a una pregunta suya. El presidente le había negado la palabra con aviso de expulsión y Eguiguren insistió. El presidente le dio un segundo aviso y preguntó: «¿En base a qué artículo quiere usted utilizar en este momento su palabra?», Eguiguren, que debe de ser de Letras, no se acordaba del número y respondió a ciegas: «El artículo que recoge el derecho a réplica». Momento en el que Atutxa replicó: «Le advierto por tercera vez y esta tercera vez supone su expulsión». En aquel tiempo, el partido de Atutxa tenía entre sus eslóganes preferidos ‘negociar sin exclusiones’ y ‘diálogo sin límites’. Puede que este incidente dejara en el ánimo de Eguiguren la impresión de que el Parlamento no es el sitio apropiado para hablar, por mucho que te inviten a ello.
El 12 de diciembre de 2001 rompió la tradición de votar conjuntamente todas las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos para hacerlas votar por separado. Aun así, Ibarretxe no tenía mayoría para aprobar aquellas mismas cuentas, las de 2002, y las hizo votar artículo por artículo, con un método (‘patchwork’) que está bien para hacer cojines. Fue aprobado el 60% de los artículos, pero no los dos primeros que daban sentido al conjunto o el que fijaba la entrada en vigor. «Hemos aprobado una ley», dijo lacónicamente el muñidor.
El 24 de octubre de 2003 expulsó a Carlos Iturgaiz, del PP, por su incapacidad (la de Atutxa) para comprender la elipsis. Hablaba el consejero de Justicia y dirigió una de sus habituales endechas al PP: «Son ustedes legítimos herederos del franquismo». Iturgaiz replicó desde su escaño: «Y tú, de ETA». Creyó que Iturgaiz acusaba a Azkarraga de ser de ETA, en vez de ‘legítimo heredero’.
El 27 de diciembre de 2004, el voto de la parlamentaria socialista Irene Novales no quedó reflejado por algún fallo del sistema e Ibarretxe aprobó sus últimos Presupuestos por los pelos. Ya el año siguiente el PSE adquirió la costumbre de aprobárselos todos los años. Atutxa se negó a repetir la votación y el Tribunal Constitucional condenó su proceder en enero de 2007, por violar los derechos de Irene Novales y los del grupo socialista en su conjunto, sin más efectos que una reprimenda, porque para entonces, Atutxa no estaba en el Parlamento y del Presupuesto de 2005 no quedaban ni las raspas.
¿Y dice usted que este hombre desobedeció una orden del Tribunal Supremo por el respeto que le tenía al reglamento de la Cámara? Lo que hay que oír.
Santiago González, EL CORREO, 28/1/2008