Javier Rupérez, EL IMPARCIAL, 23/6/12
Tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional legalizando SORTU como partido político, un amigo mío vasco, español y demócrata de los que siempre ha abominado de la barbarie terrorista y de sus amigos y cómplices, ha circulado un amargo “telegrama analítico” recogiendo la inmediatez de sus sentimientos. Entre otras cosas dice:”Me acaban de describir una situación que dibuja la ’derrota del proyecto politico del terrorismo nacionalista’. La segunda cabeza de la serpiente, SORTU, que ha engordado a pesar de la herrumbre del hacha, es legal…Pregunta más descriptiva que capciosa para ingenuos. ¿Alguien conoce una situación de derrota donde los “derrotados” estén tan contentos y los “victoriosos” con tanta desazón? ¿Alguien conoce una derrota donde solo los derrotados se manifiesten con sus emblemas por las calles?”.
Tras la inevitable polvareda y las innumerables críticas que ha provocado la decisión del TC he procurado seguir la recomendación de su Presidente, Pascual Sala, y leerme la integridad de los setenta y siete folios de los que consta la sentencia, para deducir con conocimiento de causa donde estaba la razón, si en el Tribunal Supremo, que había desestimado la legalización de los que muchos estiman no ser otra cosa que la enésima “marca blanca” de ETA, o el Tribunal Constitucional, que desestima —con una cierta e injustificada brutalidad, todo hay que decirlo- las razones del TS, para concluir que a SORTU la asiste la legalidad para participar en el proceso politico español como a cualquier otro partido . Para que mi conocimiento de la causa fuera todavía mas completo he leído también con detenimiento los votos discrepantes de los tres magistrados que con otros dos han integrado la minoría —cinco frente a seis- de los que se han opuesto a la decisión del pleno del Tribunal. Debo de reconocer mi previa e íntima convicción de que ahora SORTU, como antes BILDU, a pesar de los esfuerzos del TC para demostrar lo contrario, no son otra cosa que fintas tácticas diseñadas por ETA y su entorno para conseguir su inserción en el mapa politico nacional sin abjurar de sus convicciones o de sus tácticas. La sutileza de los argumentos jurídicos utilizados por los seis magistrados del Constitucional para hacer que creen en la limpieza de los estatutos presentados por la nueva formación de la izquierda abertzale no consiguen demostrarlo y la claridad de los textos de los votos discrepantes —firmados por los señores Aragón, Delgado y Fernández Arribas- refuerzan con contundencia esa convicción. Incluso la referencia a las condiciones que deben cumplir los ahora legalizados si no quieren ver anulada su condición aparecen como meros recursos retóricos, cuando no intentos de justificación de conciencias lastimadas, al contemplar su literalidad: los estatutos de SORTU, en los que tanto creen los magistrados pro legalización del TC, equiparan la violencia terrorista con la fuerza legítimamente utilizada por el Estado democrático en defensa de los derechos de los ciudadanos y colocan en el mismo plano a las víctimas del terrorismo y a los terroristas que sufren condena o daño por sus acciones delictivas. De manera que según el mismo TC en esta su debatida sentencia, ya hubiera debido haber razones, como enunciaba el TS, para negar a SORTU su legalización.
La sentencia del TC, que como no podía ser menos y se puede deducir de su longitud, se pretende bien fundada en razón y derecho, muestra un entusiasmo por la causa de la legalización de SORTU que bien pudiera aplicarse con mejor resultado a causas de mayor justicia y calado. Endosa la sentencia la noción de que “carece de lógica afirmar que SORTU responde a los planteamientos de ETA” e incluso la idea, tan querida a los entornos de la Izquierda Abertzale en estos últimos tiempos, de que han sido “la reflexión y la decisiones de la IA las que han llevado a ETA a declarar el alto el fuego” y aquellas que “podrían llevar al cese definitivo de la violencia”. El TS, con la abundancia probatoria que le habían suministrado tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, había llegado a una conclusión radicalmente contraria, pero el TC, rebasando en ello sus competencias ,según alegan los votos de los disidentes, dice ,y no cumple, rechazar la valoración individual de la prueba para realizar un “enjuiciamiento global, sintético y de conjunto”. El Fiscal había mantenido que los “primorosos estatutos no pasan de ser una ficción forjada exclusivamente para lograr fraudulentamente la inscripción en el Registro de los Partidos Políticos”. Y el Abogado del Estado había argumentado que mientras que “ETA no desaparezca definitivamente, la Izquierda Abertzale…no puede pretender colocarse en el plano de la normalidad política… si no se desvincula de ETA mediante su rechazo expreso de la violencia etarra y una petición de disolución de la banda terrorista”. Pero para el TC esos y otros argumentos, que como en el caso anterior de la legalización de BILDU venían acompañados de una exhaustiva prueba documental, no eran más que el reprobable intento de proceder a una “ilegalización preventiva”.
No seré yo quien reproche al TC o a cualquier otro tribunal el cuidadoso cultivo de la defensa de los derechos fundamentales, en este caso centrados en el de asociación y el derivado de constituir partidos políticos. Pero la historia y nuestra propia experiencia nos enseñan la necesidad de buscar defensa frente a aquellos que quieren utilizar tales derechos para mejor destruirlos. La Ley de Partidos Políticos española, que en su momento recibió el marchamo de constitucionalidad por el TC e incluso la aprobación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que tan decisiva ha resultado en la lucha contra los terroristas y su secuaces, es una buena muestra de como actuar dentro de la legalidad en contra de aquellos que pretenden vulnerarla. El magistrado Manuel Aragón, uno de los discrepantes, señala en su voto particular el debilitamiento que la sentencia SORTU significará para esa Ley de Partidos. Y ejemplos de ocultación de formaciones totalitarias que pretendían llegar al poder de manera subrepticia no faltan: así lo consiguió Hitler en las postrimerías de la Republica de Weimar. Como tampoco falta impecables decisiones legales que, al modo de nuestra legislación, impiden la presencia en el juego político de formaciones que atentan contra sus mismos fundamentos: ¿se le ocurre a alguien criticar a la Republica Federal de Alemania por impedir la presencia de un partido nazi? El “garantismo” a ultranza, como el sueño de la razón, produce monstruos. Confiemos que este no sea este el caso de la sentencia legalizadora de SORTU.
Porque lo que resulta inevitable, y no me atrevo a considerarlo si justo o injusto, es la proliferación de la sospecha de que el TC se ha comportado en esta ocasión de acuerdo con criterios politico partidistas. Que la legalización de una nueva marca política vecina a ETA era parte de la estrategia de la banda terrorista, a lo que parece compartida por el Gobierno Zapatero en la llamada “hoja de ruta” de la pacificación, es hoy una evidencia. Que los seis magistrados del TC que han suscrito la sentencia legalizadora fueron nombrados a propuesta del PSOE —Manuel Aragón, que comparte ese mismo origen, ha encontrado ya desde hace tiempo una admirable y patriótica libertad de criterio- es parte también de la misma contundente realidad. Que los palmeros que han aplaudido su aprobación pertenecen al grupo de los “sospechosos habituales” —socialistas, nacionalistas, terroristas y asimilados- es de dominio público, aunque las razones puedan ser ligeramente diferentes. Que la presencia electoral de SORTU en las próximas ocasiones electorales vascas, como ya lo ha sido la de BILDU en los niveles locales y nacionales, introducirá un nuevo y seguramente peligroso elemento de disolución adicional, es algo de cuya elementalidad no tiene nadie con un mínimo sentido del análisis politico la mas mínima duda: ETA, sin haberse disuelto, se instala en las instituciones. Y desde luego no será SORTU la que reclame respeto para las víctimas del terrorismo, cumplimiento de las penas impuestas a los asesinos o respeto para la libertad de conciencia y expresión de todos los vascos. Me ha resultado difícil entender la racionalidad de aquellos que dicen practicar el “fiat iustitia ut pereat mundus”. A su manera, también hacen política. Y cómo. Aunque sus decisiones sean saludadas con las habituales y supuestamente bien intencionadas majaderías de los que dicen que así se cumple la voluntad de la mayoría. Mientras tanto, cuando es ya previsible que SORTU en un próximo futuro, como ya BILDU en la actualidad, se beneficien de las franquicias políticas y económicas que la Nación española concede a los representantes electos, beneméritas instituciones de honda raigambre histórica, liberal y democrática en el País Vasco, como el Ateneo Guipuzcoano o la Fundación para la Libertad, encuentran difícil la garantía de su futuro ante las reducciones presupuestarias de los departamentos ministeriales correspondientes. Así se escribe esta historia.
Hace bien el Gobierno de la Nación en señalar tanto su respetuoso acatamiento como su firme discrepancia con la sentencia del TC. Uno y otra le capacitan suficientemente, por si la legalidad actual no bastara, para emprender las acciones correspondientes en el caso de que los píos deseos del TC con respecto a SORTU no correspondan a la realidad de los hechos. Pero era inevitable que en el fragor de la batalla se viera afectada, y no es la primera vez, la misma credibilidad de la alta institución. E incluso puesta en duda su misma existencia. Con todo, no hay razón para el escándalo. El sistema de cuotas partidistas con que es elegido el TC da fácilmente lugar a las sospechas de politización, en uno o en otro sentido. Y la tendencia del TC, ahora de nuevo demostrada, de inmiscuirse en terrenos propios del TS explican las tendencias, políticas o jurídicas, que demandan su supresión. Lo de SORTU, como lo de BILDU y algunas otras ocasiones de complicada recordación, invitan a una reflexión pausada sobre el tema. Al fin y al cabo en los Estados Unidos, por recurrir a un ejemplo apreciable, las cuestiones de constitucionalidad residen también en los tribunales ordinarios y el Supremo de allí se limita a resolver en última instancia los conflictos de esa naturaleza, que no los que pertenecen al proceso jurisdiccional ordinario. Y si es cierto que los “Justicias” del Supremo americano son elegidos por el Senado a propuesta del Presidente y responden a determinadas filiaciones ideológicas, no lo es menos que su carácter vitalicio les concede una independencia de criterio que muchos en nuestros pagos, yo entre ellos, desearían. Convendría entre todos velar por los sistemas que otorgan credibilidad a las instituciones en vez de arrojarse sus decisiones como armas de destrucción masiva según soplan los vientos partidistas del momento. La división de poderes sigue siendo uno de los pilares existenciales del sistema democrático y las dudas sobre su supervivencia socavan cual termitas los cimientos del edificio. La democracia en España puede sobrevivir sin el Tribunal Constitucional. Veremos cuáles son los efectos de la legalización de SORTU sobre esa misma democracia. Y visto lo visto, ¿no hubiera sido mejor que el TC se abstuviera de sentar doctrina sobre SORTU y esperar para hacerlo a su ya tantas veces postergada renovación en vez de dictarla en unas circunstancias y con unos números que por si mismos habrían de provocar el vendaval que estos días experimentamos? ¿Para qué o de quién las prisas?
En el marasmo inevitable que produce la generalización de la crisis económica pareciera como si otras cuestiones desparecieran del horizonte de la preocupación de los ciudadanos. El terrorismo y sus consecuencias entre ellos. El cese de la violencia, es cierto, explica también el desplazamiento de los centros de atención y la tendencia, peligrosa tentación, de caer en la complacencia que tanto conviene a los que han practicado el terror y quieren beneficiarse de sus frutos y seguir una política de “borrón y cuenta nueva”. En definitiva, de impunidad. SORTU y BILDU se inscriben claramente en esa proyección. Es difícil imaginar que la España constitucional no quede por completo desguazada si esas intenciones proliferan. Y con ella definitivamente comprometido nuestro sistema de derechos y libertades. Aunque solo fuera por ello bueno es tener siempre presente el sufrimiento y la voz de las víctimas del terrorismo. Como la de José Puelles, hermano de Eduardo Puelles, el Inspector del Cuerpo Nacional de Policía que fuera asesinado el 19 de Junio de 2009 en Arrigoriaga, precisamente cuando se cumplían veintidós años del atentado terrorista de Hipercor, en Barcelona, y que hace pocos días, recordando el crimen, dijo esto:”…los esfuerzos por recrear nuevos escenarios de convivencia son altamente pervertidores de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Algunos pensábamos que ya teníamos unos planes de convivencia legítimos, cuando nos otorgamos los españoles nuestra Constitución y los vascos nuestro Estatuto. Al parecer estábamos equivocados. Al parecer hemos derrotado a ETA pero hay que buscar otros marcos de convivencia porque aquellos contra los que ETA dirigía sus ataques ya no valen. En definitiva, les hemos dado la razón….le democracia no requiere de ciudadanos reconciliados, que la sociedad democrática no se cimenta en el consenso reconciliado sino en el disenso respetuoso. Las normas por las que nos regimos en ese respeto ya están formuladas y muchos llevamos transitando por ellas treinta y tres años…exigimos que cualquier acto de reconciliación pase por el expreso perdón y arrepentimiento público de la propia banda terrorista hacia la sociedad democrática española y vasca en general y a sus víctimas en particular.
Mientras eso no ocurra, cualquier acto personal del terrorista será puro artificio estratégico y táctico deliberadamente interesado para propiciar su impunidad y la legitimación política, ética y moral del terrorismo…la mejor muestra de la evolución ética de los terroristas seria el que admitieran, aceptasen y se sometieran al Estado de Derecho y a la Democracia contra los que combatieron, cumplieran íntegramente sus penas, colaboraran con la justicia y resarcieran a sus víctimas”. ¿Leerán estas cosas los de SORTU o se contentarán con llevar en el bolsillo la sentencia que les ha dedicado el Tribunal Constitucional?
Javier Rupérez, EL IMPARCIAL, 23/6/12