Cuando una legislatura empieza con un fraude de ley –el préstamo de diputados y, ojo, de votos a los partidos independentistas para que formen grupos parlamentarios a los que objetivamente no tienen derecho– no es difícil imaginar la clase de respeto a las normas que puede imperar en otro mandato de Sánchez al frente del Gobierno. Por ahora, la idea transmitida por los portavoces oficiales ante las exigencias nacionalistas es, en palabras del ministro Bolaños, que cualquier cosa es posible «si hay voluntad de entendimiento». Entre ellos, claro, entre el sanchismo y sus aliados, dejando a la otra media España literalmente fuera de juego. Las condiciones anunciadas para apoyar una investidura suponen un desborde de la Constitución, una impugnación sin rodeos de sus fundamentos que, en vez de una contundente respuesta negativa, ha obtenido la promesa inicial de estudiar el modo de llevarla a efecto. De ser así, estaríamos ante un proyecto de deconstrucción solapada del régimen del 78, con el Ejecutivo de la nación como agente principal del proceso.

A este respecto resulta clave una reciente declaración del presidente, que vino a recordar que lo que cabe o no cabe en la Constitución lo decide el Tribunal Constitucional, donde los miembros proclives al bloque gubernamental forman una holgada mayoría de siete a cuatro. De este modo, el TC queda perfilado como un órgano constituyente –o tal vez deconstituyente– en cuyas manos queda la potestad de autorizar, mediante criterios de constructivismo jurídico, eventuales cambios urdidos en pactos carentes del consenso político y social necesario. Una especie de paradójica ‘anomia legal’ en la que el poder soberano quedaría suplantado por la imaginación interpretativa de un pequeño manojo de magistrados, elegidos por cooptación según su presumible sintonía –o docilidad– con las fuerzas parlamentarias encargadas de seleccionarlos. Sentencias como llaves para abrir los cerrojos de la reforma por el procedimiento agravado.

En esta fase de tanteo nada está aún decidido aunque los indicios de la negociación apuntan a un giro centrífugo del modelo territorial hacia un confederalismo de contornos ambiguos. Los precedentes de las cesiones de Sánchez –indultos o abolición legislativa de graves delitos—otorgan poco margen al optimismo sobre su disposición a poner límites a sus objetivos. El término ‘plurinacional’, empleado con cada vez mayor naturalidad, sirve de paraguas para que formaciones de ideario conservador inequívoco puedan ser bienvenidas sin más requisitos en el bando del ‘progresismo’. Las tribunas oficialistas han normalizado la amnistía y preparan el camino para encauzar un referéndum eufemísticamente consultivo. Hay siete escaños que sumar, los de Puigdemont, y la determinación de lograrlo haciendo lo que sea preciso. De los detalles técnicos ya se encargará, si es menester, Pumpido.