«DEBEMOS dejar de lado los esfuerzos para diferenciarnos. Optemos por el diálogo y el acuerdo. Tiendo mi mano para construir». Son palabras literales extraídas del discurso de Mariano Rajoy durante la sesión que desembocó en su investidura como presidente del Gobierno. Su declaración de intenciones sintetiza la piedra angular sobre la que debe pivotar una legislatura que, forzosamente, debe estar marcada por la capacidad de diálogo entre las principales fuerzas políticas. Hoy tiene lugar la sesión solemne de apertura de la legislatura, que estará presidida por el Rey. Pero han bastado las primeras votaciones en el Congreso para certificar dos realidades tangibles: la soledad parlamentaria en la que se encontrará el PP si no asume cuanto antes que ya no dispone de mayoría absoluta y la fragmentación política que arrojaron las urnas en junio, lo que complica alcanzar acuerdos de largo alcance.
La paralización del calendario de la Lomce, una propuesta que recibió anteayer el respaldo de la mayoría del Congreso; la aprobación por unanimidad de un principio de acuerdo para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista, algo que el PSOE reclamó al Gobierno durante toda la legislatura anterior; y, sobre todo, el veto a Jorge Fernández Díaz como candidato a presidir la Comisión de Exteriores en el Congreso han servido en las últimas horas al PSOE para reivindicar su papel en la oposición. En realidad, la paralización de la Lomce se quedará en la suspensión de los efectos académicos de las reválidas, algo a lo que Rajoy ya se había comprometido en su investidura. Y, aunque los socialistas alardeen de haber tumbado la Lomce, la realidad es que ninguna norma es derogada hasta que no se sustituye por otra. En todo caso, tanto la votación sobre la ley educativa como el veto al ex ministro del Interior reflejan la situación de debilidad del PP, cuya acción de Gobierno sólo puede sustentarse en esta legislatura desde la permanente búsqueda de acuerdos con la oposición.
Rajoy dio muestras desde 2011 de ser un presidente refractario a la negociación en el Parlamento. Así quedó reflejado en el abuso de la figura del decreto ley. Sin embargo, el mapa político actual no tiene nada que ver con el de la legislatura anterior, lo que debería hacer desistir al PP en continuar actuando con la misma lógica política. Y ello debe materializarse tanto en la búsqueda de pactos como en el acierto a la hora de elegir perfiles que faciliten el entendimiento con el resto de formaciones.
En este contexto, y con el precedente del frustrado nombramiento de José Manuel Soria en el Banco Mundial, resulta difícil de entender la porfía de Rajoy en buscar un acomodo a Fernández Díaz, desterrado finalmente a la testimonial Comisión de Peticiones del Congreso. El PP intentó primero situarle en la Presidencia de la Comisión de Exteriores y después en la del Tribunal de Cuentas. Pero la oposición en bloque impidió ambos nombramientos. Podemos presentó un candidato alternativo, mientras el PSOE, que en primera instancia parecía decidido a votar en blanco y facilitar la elección de Fernández Díaz –en línea con Ciudadanos–, después acabó vetándole, tal como le comunicó el presidente de la Gestora socialista a Rajoy el martes por la noche.
Tienen razón los populares cuando subrayan que el acuerdo de inicio de legislatura para repartirse los miembros en las diferentes comisiones no contemplaba ningún nombre. Sin embargo, la situación política obliga a evitar cualquier tipo de favoritismo en los nombramientos y optar por perfiles que allanen los acuerdos, no que los dificulten. Fernández Díaz, además de carecer de experiencia en asuntos exteriores, fue reprobado por el Congreso tras ser acusado de utilizar las fuerzas de seguridad contra rivales políticos. No era, desde luego, un perfil idóneo para ejercer la máxima representación diplomática del Congreso.
La legislatura no ha hecho más que arrancar, pero puede estar abocada al fracaso si no existe por parte de todos los partidos una voluntad real de alcanzar acuerdos. Ni el Gobierno puede seguir anclado en los usos de la mayoría absoluta, ni tampoco sería comprensible que la oposición se empeñara en actuar en bloque para imponer su criterio contra el Gobierno sin motivos sólidos. De esta capacidad de diálogo dependen no sólo las reformas estructurales pendientes –entre otras, las de la Administración, Justicia y Educación–, sino compromisos ineludibles como el techo de gasto, los Presupuestos y las partidas sociales para 2017.