Ignacio Camacho-ABC
El indulto encubierto a Junqueras rozaría el fraude de ley con una modificación «ad hominem» para burlar a la Justicia
Puede ser un escándalo monumental, el definitivo casus belli de la legislatura, el detonador que dinamite los pocos puentes de consenso que haya dejado en pie el sanchismo. Un eventual indulto encubierto de Junqueras y los líderes del procés, colado de rondón en una reforma-ómnibus del Código Penal, rozaría en la práctica el fraude de ley al requerir el voto de los partidos cuyos dirigentes se beneficiarían de la medida. Una especie de autoamnistía. Una vergüenza nacional que dejaría en este Gobierno marcas de oprobio y heridas imposibles de cerrar en una sociedad ya bastante ofendida por la levedad de las consecuencias del desafío separatista. Una claudicación humillante, imposible de justificar con el mantra de la «desjudicialización» de la política porque supondría un cambio legal ad hoc y ad hominem para burlar la acción de la justicia. Una cláusula oculta -pero no mucho, porque se intuía- del pacto de investidura que lo convertiría, de llevarse a efecto, en una verdadera ignominia.
Y sin embargo, están en eso. Lo admitió el presidente en TVE y no lo descartó ayer la portavoz Montero. El cebo sería la explicitación del consentimiento sexual e incluso la tipificación de la convocatoria ilegal de referendos. Una argucia para colocar en el mismo paquete la rebaja penal del delito de sedición y su inmediata aplicación retroactiva -artículo 2.2. del CP- a la condena firme de los reos. Junqueras a la calle, en libertad plena y rehabilitado en todos sus derechos -incluido, por supuesto, el de ser candidato electoral-, con menos de un tercio de cumplimiento del veredicto del Supremo.
No deja de resultar significativo que Sánchez, que se ha tragado sin pestañear siquiera decenas de declaraciones prodigadas con tanta solemnidad como ligereza, se resistiese a descartar explícitamente el perdón para los responsables de la revuelta. Al menos en eso no necesitará sentir escrúpulos de conciencia, si es que los alberga. No hubo manera de que se comprometiese en campaña ante los requerimientos de sus adversarios y de la prensa. Esa cuestión ha rondado siempre en su cabeza; lo tuviera o no hablado, sabía que sería cláusula imprescindible de cualquier acuerdo con Esquerra. Ahora ha dado el siguiente paso, el de abrir el debate para que la opinión pública se vaya haciendo a la idea. Quizá pronto empiece la fase de ablandamiento propagandístico de la resistencia. El diálogo y tal, la reconducción del conflicto, la reconstrucción de la convivencia por el procedimiento del borrón y cuenta nueva.
Este proyecto puede y debe causar indignación, pero no sorpresa. Porque primero ha legitimado la sedición sentándose con sus autores a la mesa y luego ha firmado un pliego de condiciones que implican la revocación de facto de la sentencia… salvo en la parte que consideraba un «ensueño», una entelequia, el golpe contra la soberanía de la nación entera.