Después de la Constitución, el Código Penal es la pieza básica de todo ordenamiento jurídico, esencial en la regulación de la convivencia mediante la definición de lo que es o no delito. Por eso debe tocarse con cuidado exquisito, midiendo bien el alcance de los cambios y buscando el máximo consenso social antes de alterar su equilibrio. Existe en los últimos tiempos –entiéndase por últimos al menos una o dos décadas– una clara tendencia a utilizar los tipos penales al servicio instrumental de intereses políticos, bien para atender demandas populistas de rigor punitivo o, en sentido contrario, para satisfacer compromisos con sectores electorales, partidos o personas en cuyo currículum figuran cuentas pendientes necesitadas de alivio. En esta última dirección se viene moviendo el Gobierno sanchista, urgido por la dependencia reivindicativa de colectivos con una trayectoria delincuencial que va desde el desafío institucional contra el Estado a la corrupción o el terrorismo. El método, convertido ya en rutina, consiste en legislar ‘ad hominem’ usando el Derecho como mecanismo clientelar para favorecer a los amigos en un crudo intercambio de apoyo por beneficios. Y en último término, como dispositivo de autoprotección de un sistema de poder en continua demanda de oxígeno por falta de autonomía para sostenerse a sí mismo.

En esta dinámica viciada, los autores de la celebrada ley del sí-es-sí preparan el estreno de la ley del no-es-no, prodigiosa producción de ficción jurídica que promete grandes momentos de magia, ilusionismo y fantasía. Un doble proyecto en que brillantes trucos de prestidigitación parlamentaria convertirán a un prófugo de la justicia en paladín progresista y amnistiarán a varias docenas de presuntos terroristas por el procedimiento de rebajar a su medida la tipificación de ciertas figuras delictivas. El guión en ciernes incluye la emocionante posibilidad de consecuencias imprevistas –o quizá no tanto– que desencadenen la exoneración de la ‘kale borroka’ como secuela simultánea de la despenalización de la revuelta catalana. Con el antecedente de la técnica legislativa que rebajó condena hasta a algún miembro de ‘La Manada’ no resultaría extraño que el nuevo malabarismo normativo causara un efecto de rebote sobre el entorno etarra. Si la tenencia de explosivos o los ataques a instalaciones estratégicas van a pasar a formar parte de este terrorismo tolerable, hipocalórico o de baja relevancia, la relativización de la casuística puede alcanzar hasta a militantes de la yihad islámica. Pero tranquilos, que aunque haya sobresaltos no pasará nada; en esta clase de películas siempre triunfa el bien, las buenas causas de la paz cívica, la reconciliación y la concordia democrática. Y en el peor de los casos lo importante es que la-derecha-y-la-extrema-derecha seguirán comiéndose los mocos al otro lado de la muralla.