- La autora denuncia el proceso de erradicación del castellano en las escuelas de Cataluña, que ahora se agravará con la nueva ley de Educación que impulsa el Gobierno.
En un chat de izquierdas, cuando difundo mi crítica sobre la ley de Educación Celaá, sorprendentemente me responden: “Esta disposición, que es lo aprobado, lo que hace es garantizar el dominio pleno del castellano por parte de tod@s l@s estudiantes. No se trata de nada nuevo cuando se elimina la obligatoriedad del castellano como lengua vehicular. En realidad, desde hace muchos años no se aplica esa obligación ni en las Comunidades con lengua propia ni en ninguna de las demás cuando se desarrollan modelos de inmersión en lenguas extranjeras (como el modelo British, por ejemplo). Así que nada cambia más allá de garantizar el dominio del castellano en todos los casos, simplemente, se adapta la ley a la realidad”.
Ante mi pasmo, recordando lo mucho que hemos reclamado -y seguimos- cambios de leyes para cambiar la realidad respondí: “¡Estupendo! Adaptar la ley a la realidad lleva a legalizar las drogas, la prostitución, el crimen, el robo, la estafa y toda clase de delitos e inmoralidad que forman parte de la realidad. No sé por qué se pidió el voto para la mujer y la igualdad de derechos. Yo creía que la ley estaba para cambiar la realidad, pero veo que me he equivocado”.
Como remate a esta discusión surrealista, terminé, también con el chat, diciendo: “Me parece que en lo que me he equivocado es en estar en este chat. Yo siempre he creído y seguiré creyendo en el internacionalismo y no en el nacionalismo. En Cataluña, donde he vivido 60 años, hay tres millones de personas castellanohablantes que no pueden expresarse así en la Administración Pública y otros tantos niños que no estudian su idioma materno. Además de lo incultos que son todos en castellano. Estas son las normas que ha impuesto la burguesía catalana corrupta y explotadora que tanto os gusta. El clan de los Pujol y los Mas y los Puigdemont. Pues que os siente bien”.
Después de esta abrupta despedida encontré unos datos que otro amigo, bastante mejor informado, me ofreció y que estos sí corresponden a la realidad. De la defensa de la Ley de Educación no sólo los independentistas catalanes han hecho casus belli, sino también el PSOE -con su ilustre ministra de Educación-, que es el que está consintiendo este despropósito.
Se viene erradicando el castellano desde que se estableció que todo el que lo habla en Cataluña es fascista
Para ello, los socialistas arguyen que “el castellano no desaparece de Cataluña ni de otras Comunidades con lengua propia”, porque solo se elimina que es “la lengua vehicular del Estado”, y se aplica “de conformidad con la Constitución española”. Como estaba antes. Y ya sabemos que antes es desde hace cuarenta años, cuando entró a reinar el honorable Jordi Pujol. Tras él, con la complicidad del PSC y los ilustres presidentes Pasqual Maragall y José Montilla, se aprobó la Ley de Normalización Lingüística, que consiste en erradicar el castellano de la escuela, por ley, porque en la práctica se llevaba haciendo desde la Escuela de Marta Mata, que se convirtió en el tótem de la pedagogía que la oposición al franquismo adoró, estimando que todo el que habla castellano en Cataluña es fascista. María Aurelia Campmany dixit, Personalmente a mí.
“Ahora, efectivamente -dice mi amigo-, no se ha hecho más que ratificar la realidad como ha pedido ERC a instancias de la fanática Plataforma per la Llengua, para blindar la inmersión, que significa sumergir a los niños en el océano del catalán, para que el castellano se enseñe dos horas a la semana, y a veces una de ellas en la clase de gimnasia”.
“La realidad es que el español -que ya no se puede llamar así en España, para eso está América Latina- ya ha desaparecido como lengua vehicular en la educación pública y concertada en Cataluña. Solo se dan 2-3 horas de lengua española, como el inglés. Eso está produciendo el doble de fracaso escolar en los niños hispanohablantes que en los catalanohablantes, según datos PISA 2015 y PIRLS 2016”.
“Para conseguir que se respete el derecho de tus hijos a recibir enseñanza en español, hay que ir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyas sentencias después ni el gobierno ni los directores de escuelas ni los profesores ni la inspección de educación, cumplen”.
“Según la nueva ley se eliminan las pruebas homologadas en todo el territorio español al final de cada ciclo. Algo que está en la LOMCE, aunque nunca se implementó, y que permitiría verificar si es cierto que todos los niños adquieren una competencia adecuada en lengua española. Eliminan la figura del inspector de educación de carrera (por oposición), y la Generalitat, que ya domina a los suyos, podrá nombrarlos a dedo. Es fácil imaginar lo que da de sí”.
“Esta norma establece que tendrá que haber «medidas compensatorias» para conseguir que todos los niños tengan plena competencia de español y de catalán. Pero al no haber herramientas para verificar oficialmente las carencias en español, y estando la Generalitat en manos de los nacionalistas, todos sabemos en qué dirección irán esas medidas. De hecho, Plataforma per la Llengua ya ha dado ideas: medidas compensatorias para hacer que los niños hablen más en catalán en el patio”.
Una de las nefastas consecuencias de esta “realidad” es que de Cataluña se han ido 14.000 profesores
“Se introduce en la ley el concepto nacionalista identitario de «lengua propia» de un territorio, socavando el concepto moderno y laico de lenguas oficiales, y olvidando que los territorios no tienen lengua, la tienen las personas, y las lenguas no tienen derechos, sino que los tienen las personas”.
Mi comunicante se expresa con total claridad sobre lo que es la “realidad” catalana en la escuela a la que se pretende dar carta de ley. Yo añado que en esa realidad se persigue, estigmatiza y descalifica a todo aquel que defienda no ya el placer -que lo es- de aprender bien la lectura, el habla y la escritura en castellano, sino su necesidad, ante un mundo en el que 600 millones de personas lo tienen de lengua propia, y que es imprescindible para relacionarse con los habitantes del resto de España.
Una de las nefastas consecuencias de esta “realidad” es que de Cataluña se han ido 14.000 profesores, acosados los que no eran de habla catalana o lo aprendieron incompletamente y hartos, indignados y desesperados los que no pudieron soportar tal sistema, incluso catalanes de pura cepa, como el actor Albert Boadella.
Ciertamente, esta nueva consigna -que no había oído nunca hasta ahora- de legalizar la realidad, es la que defienden los partidarios de legalizar la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía y los personajes transgénero, puesto que todas esas actividades forman parte de la realidad.
Pero yo creía que unos pocos luchábamos por cambiar las leyes para cambiar la realidad, una realidad detestable en la que las mujeres casadas no tenían capacidad legal, se las asesinaba por honor, no podían acceder a un trabajo asalariado ni ejercer determinadas profesiones, entre otras represiones. De la misma manera que unos cuantos activistas lucharon por abolir la esclavitud, que era una evidente realidad. Porque desde la izquierda se pretende transformar el mundo, como pedía Carlos Marx, y no conformarse con la malvada realidad.
En estos tiempos tan confusos, es preciso que la izquierda se recomponga y recuerde que está en este mundo para denunciar lo injusto, aunque sea minoritaria y esté perseguida, porque lucha por unos ideales, no por ajustarse a la realidad que se nos impone. Si nos callamos y aceptamos con resignación, incluso alegría, el oportunismo de los que solo quieren un puesto de gobierno, en poco tiempo estará muerta.
*** Lidia Falcón es abogada y escritora.