PSOE, Sumar y Coalición Canaria presentaron ayer lunes una propuesta de reforma de la ley de extranjería que no tiene garantizado, al menos por el momento, el apoyo de Junts y ERC. Tampoco el del PP, que ha sido marginado de la negociación a pesar de ser el partido que gobierna en once de las diecisiete autonomías españolas.
La ley pretende dibujar un nuevo marco regulatorio que permita repartir a los inmigrantes ilegales que lleguen a cualquiera de las comunidades españolas cuando estos superen el 150% de la capacidad de acogida de dicha autonomía. Es decir, pretende que esa acogida sea obligatoria, en vez de opcional, como es ahora.
La propuesta aspira a reformar el artículo 35 de la actual ley de extranjería, que ahora prevé «el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados», algo que no se cumple prácticamente nunca.
En la práctica, esos menores no acompañados no son devueltos casi nunca a sus familias de origen, sino que son distribuidos por la geografía española y puestos bajo la tutela de las administraciones autonómicas.
Más allá del contenido concreto de la ley, y este diario está de acuerdo en que las situaciones puntuales de saturación de los servicios de acogida no pueden quedar al albur de las negociaciones entre el Gobierno y las autonomías, lo que es evidente es que PSOE, Sumar y Coalición Canaria no pueden pretender que el PP apruebe una ley de la que ni siquiera conoce el borrador.
Las peticiones del PP en este caso son razonables y deberían ser atendidas por el PSOE.
El PP pide, en primer lugar, que el Gobierno ejerza sus competencias en política exterior e interior para frenar el flujo de inmigrantes ilegales que llegan a nuestras fronteras en vez de limitarse a poner parches repartiendo a los menores cuando estos ya están en nuestro país. Es decir, cuando el problema ya no tiene solución.
En segundo lugar, el PP pide que la ley garantice la financiación necesaria para la acogida de estos menores, pero también para el control de fronteras y para un plan de cooperación que permita la devolución de los inmigrantes en situación irregular.
El PP se queja también de que este acuerdo no haya sido negociado en una conferencia de presidentes autonómicos, dado que las competencias de protección y asistencia corresponden a las comunidades y son estas las que lidian con el problema.
Finalmente, el PP exige que el reparto incluya a todas las comunidades, sin excepciones para el caso de Cataluña, que durante las últimas semanas se ha negado una y otra vez a acoger a más inmigrantes ilegales.
El PP tiene razón en el fondo de su queja. Lidiar con las consecuencias de la inmigración ilegal o gestionar una crisis puntual de saturación de los servicios públicos no puede depender de la batalla política cotidiana. Pero los cuidados paliativos no sustituyen el tratamiento de la enfermedad, y esa tarea le corresponde en exclusiva al Gobierno. Es él quien tiene la responsabilidad de evitar el efecto llamada, de repatriar a los inmigrantes ilegales y de cortar el flujo migratorio procedente de los países africanos.
El sí del PP a la reforma de la ley de extranjería no puede ser obtenido bajo chantaje y con la excusa de las prisas por la urgencia de la situación. El Gobierno lleva seis años en el poder y ha tenido tiempo sobrado para poner en marcha un plan de contención de la inmigración ilegal que no condene a las autonomías a gestionar un problema del que sufren las consecuencias, pero que no tienen competencias para solucionar.