A sabiendas de que finalmente el tripartito vasco aceptará íntegramente las exigencias de Sozialista Abertzaleak, cabe afirmar que el episodio de la tramitación de la Ley de Universidades Vascas no es más que otra muestra de la coincidencia entre el Gobierno vasco y ETA en la mayor parte de los aspectos de fondo que afectan a la vida política vasca.
La pasada semana, con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley de Universidades Vasca, el Gobierno tripartito de Vitoria, que componen PNV, IU y EA, escenificó un acto más del esperpento en el que los nacionalistas han convertido la política vasca en virtud de iniciativas como el Plan Ibarretxe. Desde hace tiempo vengo sosteniendo que uno de los grandes objetivos del mundo etarra era la universidad, como consecuencia de la capacidad de influencia que la misma ostenta en distintas instancias sociales y en la propia ciudadanía. Este hecho resulta especialmente significativo en el caso de la universidad del País Vasco, donde desde hace aproximadamente dos años un grupo de docentes decidió dar un paso adelante configurando la Plataforma «Profesores por la Libertad», marco de denuncia de prácticas a través de las cuales el nacionalismo ha pretendido someter a sus designios a la institución universitaria. Evidentemente, una corriente de opinión de las referidas características ha resultado igualmente incómoda para el Gobierno Autonómico, cuyo objetivo actual consiste en construir una Universidad a la medida del nacionalismo por mandato legal.
Con este fin, el tripartito de Vitoria lleva preparando desde hace meses la llamada Ley de Universidades Vasca, a través de la cual, fundamentalmente, persigue crear un sistema universitario vasco ad hoc excepcionando las grandes líneas que marca la Ley de Universidades elaborada por el Gobierno de la Nación y aprobada por el Congreso de Diputados.
No obstante, donde realmente se ha evidenciado la unidad de objetivos de todo el espectro nacionalista es en la propia tramitación parlamentaria de la referida ley autonómica. El tripartito vasco llegó a pactar con Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna) alrededor de 56 enmiendas, todas ellas de gran calado político. Con las mismas han tratado de modificar, con respecto al marco nacional, aspectos relativos a la financiación y al personal, favoreciendo intereses partidistas y vulnerando el principio de igualdad. También ha incluido la vuelta de los estudiantes presos de ETA a las universidades vascas y la percepción de ayudas económicas que venían recibiendo hasta el curso 2002-03. Por el contrario, las enmiendas aceptadas a los partidos constitucionalistas únicamente incluían criterios formales o de trámite intentando, de esta forma, esconder la desvergüenza política de quien pacta con la representación de ETA en el Parlamento vasco.
La decisión de PP y PSE/EE de retirar las enmiendas por ellos presentadas con el fin de sacar a la luz la maniobra del ejecutivo de Ibarretxe obligó el pasado viernes a los representantes políticos del tripartito de Vitoria a bloquear durante cuatro días la tramitación del Proyecto de Ley y a recomponer sus consensos, como consecuencia del miedo al coste político de una operación tan evidente como la pactada por PNV-EA e Izquierda Unida con el mundo de Sozialista Abertzaleak-ETA.
A sabiendas de que finalmente el tripartito vasco aceptará íntegramente las exigencias de Sozialista Abertzaleak, cabe afirmar que este episodio no es más que otra muestra de la coincidencia entre el Gobierno vasco y ETA en la mayor parte de los aspectos de fondo que afectan a la vida política vasca. Resulta vergonzoso que a través de una ley de estas características se pretenda seguir permitiendo la percepción de ayudas económicas a presos universitarios (ya sabemos en qué tipo de presos acaban estas subvenciones) o que estos prosigan cursando estudios en las universidades vascas y no en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
El que situaciones como las anteriores continúen produciéndose bajo habilitación legal, una vez que las sucesivas denuncias de la Plataforma «Profesores por la Libertad» y, sobre todo la propia Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han puesto de manifiesto la existencia de indicios de delito en relación con la manipulación de expedientes académicos y recepción irregular de ayudas de personas pertenecientes a la banda terrorista ETA, es totalmente censurable. Que éste sea el uso que el Gobierno vasco tiene destinado a nuestros impuestos me parece execrable, y me obliga a una reflexión sobre la desobediencia civil tan del gusto de la mayor parte de los dirigentes nacionalistas, algunos de los cuales ya se han pronunciado en ciertas ocasiones a favor del incumplimiento de determinadas obligaciones para con el Gobierno de la Nación. Si el Gobierno vasco aprueba las medidas anteriores me imagino que los legitimados para invocar la desobediencia civil seríamos los ciudadanos de bien, quienes podríamos argüir nuestro rechazo a pagar impuestos a un Ejecutivo (en este caso el nacionalista vasco) que hace tal uso de sus recursos económicos, fondos que provienen de nuestras aportaciones a la Hacienda vasca.
Además de todo lo anterior y como comentábamos en los párrafos iniciales, la ley introduce criterios destinados a convertir la universidad vasca en un feudo más del nacionalismo. Para ello se absolutizan los criterios lingüísticos (en este caso el dominio del euskera que «curiosamente» poseen la mayor parte de los docentes nacionalistas, pero que en muchos casos no se habla con el nivel requerido para impartir docencia universitaria por parte de un número significativo de aquellos profesores que se sitúan en el entorno constitucionalista) con el consiguiente perjuicio de lo puramente académico. Con ello, lo que pretende conseguir a medio plazo el Gobierno vasco es marginar de «facto» al mundo constitucionalista existente en la universidad, políticamente molesto para sus intereses, favoreciendo a una nueva generación de docentes cuya cualificación universitaria, más allá de la mera posesión del título oficial, a nadie importa, pero destinados a configurar una universidad a la medida del pensamiento único que impera en muchos lugares del País Vasco.
A mi juicio, todo lo anterior vulnera principios constitucionales fundamentales como el de la igualdad y por ello, en cuanto este Proyecto se convierta en Ley (previsiblemente antes de finales de año) deberían articularse los mecanismos jurídicos necesarios para proceder a su impugnación.
Pero más allá de lo puramente jurídico, lo que demuestra la tramitación y el contenido de la Ley de Universidades vasca es que la universidad se ha convertido en un paso más en el camino hacia la plena realización de ese instrumento de ruptura y de división conocido como Plan Ibarretxe. Ante esto, no podemos quedar impasibles. Es nuestra responsabilidad evitar que el mal que se pretende irrogar a la universidad, y por su medio a las futuras generaciones, llegue a materializarse.
Gotzone Mora, LA RAZON, 16/12/2003