IGNACIO CAMACHO-ABC
Existen corruptos porque existen corruptores, y viceversa. Con el agio no caben casuismos ni condescendencias
CORRÍA la primera mitad de los años noventa cuando Josep Borrell, a la sazón ministro de Obras Públicas, llamó a su despacho a directivos de las grandes constructoras españolas y, con petulante ingenuidad, les emplazó a dejar de pagar comisiones, mordidas y cohechos. Eran tiempos de grandes escándalos y al PSOE le salpicaban de lleno; aún estaba reciente el famoso maletín del caso Ollero. Los empresarios se miraron entre sí y al fin uno de ellos se decidió a sugerirle a su interlocutor que acaso fuera mejor que instase a los suyos a cesar en la costumbre de pedirles dinero. La reunión acabo en medio de un incómodo silencio.
Lo que Borrell planteaba era un dilema muy viejo: si la corrupción empieza en el que solicita o en el que ofrece, en el que cobra por otorgar trato de favor o en el que paga por obtenerlo. A efectos penales da lo mismo porque ambos supuestos están tipificados en el Derecho, pero en el plano moral existe una cierta conciencia social laxa que tiende a considerar pecado venial ceder a la extorsión bajo la coartada de que no hay más remedio. Esta mentalidad autoexculpatoria ha acabado por generalizar el procedimiento, desplazando hacia el político o funcionario venal la culpa exclusiva de un sistema perverso. Así se llega a un estado de normalidad subvertida en la que, al cabo, da objetivamente igual quién se corrompe primero.
Con ese bucle sólo se acaba de una manera, y es desenmascarándolos a todos como autores y cómplices de una práctica siniestra. Existen corruptores porque existen corruptos, y viceversa: el soborno, sea pasivo o activo, implica un perjuicio a terceros que no puede gozar de ninguna atenuante benévola. Con el agio no caben casuismos, justificaciones, eximentes ni condescendencia. La responsabilidad corporativa ha desarrollado en la modernidad una amplia codificación ética en virtud de la cual queda abolida la idea de que la función primordial de un empresario es el progreso por cualquier medio de su empresa. La compra de prioridades administrativas o el tráfico de favores pecuniarios constituyen una flagrante e intolerable violación del principio de competencia. Y sí, esto va, entre otras consideraciones, por las notas que Granados tomaba en su agenda secreta.
En España la corrupción, tan ruidosa, está localizada sobre todo en ciertas esferas decisorias. No existe apenas la venalidad cotidiana frecuente en algunos países de Europa donde para ir al médico o agilizar un trámite burocrático hay que soltar propina con la mano tonta. Sin embargo, para impedir que se extienda es imprescindible la creación de una conciencia cívica implacable capaz de execrar cualquier conducta impropia. El lenguaje popular tiene acuñada la expresión de la ley de Mahoma; ya saben, la del que da y el que toma. Podríamos considerarla, en términos metafóricos, una elemental lección de «educación compensatoria».