Al Gobierno siempre le quedará el amparo del Constitucional como baza de última instancia, aunque incluso para recurrir al comodín de Pumpido y sus habituales arbitrajes a favor del equipo de casa tiene las fechas bastante apretadas. Sea cual sea el desenlace del debate va a contaminar de desconfianza un asunto esencial como es la limpieza de una votación con plenas garantías democráticas. El mal ya está consumado por aquella maldita instrucción ministerial que la oposición pudo y debió detectar con suficiente margen para impugnarla; ahora será imposible evitar que la izquierda o la derecha se sientan perjudicadas y acusen al adversario de hacer trampas. Pero la trampa inicial tiene autores concretos y son los mismos que llevan ocho años deteriorando la neutralidad institucional con toda clase de artimañas. La penúltima, porque habrá más de aquí al 29 de noviembre, la de españolizar a martillazos a cientos de miles de latinoamericanos para colarlos en el cuerpo de votantes por la puerta falsa.

Esa maniobra ha destruido la trazabilidad del sufragio. Es probable que no dé el rendimiento esperado; en el supuesto de que voten todos o la gran mayoría de sus beneficiarios, que es mucho suponer, y de que lo hagan en la misma dirección, será complicado que muevan los escaños necesarios para que Sánchez esquive la expectativa de desahucio. El problema está en la categoría, en la sustancia del hecho, en su evidente intención, más que en su eventual impacto: se trata de una operación de ingeniería registral urdida en los despachos con el propósito de modificar artificialmente el sujeto soberano. El estatus de ciudadanía como objeto de comercio espurio en un mercado negro de compraventa de respaldos. En ese contexto, y dada la perentoriedad de los plazos, no carecería de sentido la suspensión de las propias elecciones hasta que resulte posible filtrar el censo adulterado. Pero a ver quién le pone el cascabel a ese gato en medio un escenario ya saturado de escándalos.