El último choque, por ahora, afecta a la llamada ‘ley de nietos’, en realidad una modificación subrepticia de otra norma efectuada mediante una instrucción ministerial a espaldas del Congreso. Aunque el Alto Tribunal no haya entrado aún en el fondo del asunto y se limita por el momento a dejar en suspenso sus efectos, existen motivos para sospechar de su impacto sobre el censo y por tanto de una maniobra para influir en las elecciones, al menos en grado de intento. Por simple garantía de respeto a las reglas de juego, la posibilidad de que más de dos millones de personas se incorporen de golpe al cuerpo electoral exige una transparencia que está muy lejos de ofrecer el método discrecional escogido para acelerar el proceso.

La inquietud de la oposición ante una operación de este calibre tiene lógica al margen de la eventual proyección cuantitativa en el resultado. No hay modo de saber cuántos de los nuevos nacionalizados votarán, ni el sentido de su sufragio. Sin embargo, la idea de ampliar su número mediante un atajo administrativo unilateral y eludiendo el control parlamentario permite albergar dudas razonables sobre la idoneidad –y sobre todo sobre el propósito real– de un trámite a todas luces precipitado. La limpieza legislativa no es la característica más sobresaliente de un mandato que empezó por una amnistía redactada mano a mano con sus beneficiarios. Y el presidente ya tiene en el currículum una tesis doctoral plagiada y dos conatos de pucherazo orgánico.

La suspicacia de la opinión pública viene de las prisas. Los antecedentes de Sánchez aconsejan enfocar la cuestión con desconfianza preventiva: desde el incumplimiento de la obligación presupuestaria al sesgo partidista de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, pasando por el anómalo abuso del decreto como fórmula para esquivar la falta de mayoría, hay demasiadas evidencias de su concepto poco escrupuloso de la formalidad institucional y de la pulcritud política. Pero el Supremo no puede ni va a juzgar intenciones; su papel es el de examinar la conformidad a derecho de la orden dictada por una dirección general del Ministerio de Justicia. Un veredicto imprescindible cuando está por medio una posible alteración del sujeto de la soberanía.