La respuesta al asesinato en Badajoz de la educadora Belén Cortés a manos, presuntamente, de dos de los menores a los que tutelaba ha merecido la respuesta unánime de quienes trabajan, como lo hacía ella, con delincuentes juveniles.
Los compañeros de Belén Cortés han exigido la reforma de la Ley del Menor y la rebaja de la edad penal a los 16 años.
El sindicato policial Jupol también ha pedido la reforma de la ley del menor. Dice el sindicato que la legislación ha quedado desactualizada respecto a las nuevas realidades criminales y la precocidad demostrada por unos delincuentes juveniles que cada vez se inician más pronto en la violencia.
Las estadísticas reflejan un alarmante incremento de la violencia juvenil en España.
En septiembre de 2024, la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente al ejercicio de 2023 reveló que las diligencias que se archivan por ser los presuntos infractores menores de 14 años, inimputables por ley, experimentaron un incremento del 45,47% respecto a 2022.
Ya en 2022, la Fiscalía informó de un aumento general «y alarmante» de los delitos cometidos por menores de edad. En especial de homicidios y agresiones sexuales de extrema gravedad.
Los motivos de este incremento acelerado de la delincuencia juvenil son materia para otro editorial. Pero basta con decir que el fenómeno no es exclusivo de España, sino común a todos los países de la UE, y que se ha acelerado durante los últimos años.
También, que ese incremento de la violencia, muchas veces negado o minimizado por la clase política, es uno de los motivos que explican el incremento de la intención de voto de aquellos partidos que prometen mano dura contra el delito y frenar la inmigración ilegal. Es decir, de los partidos de ultraderecha.
Los dos menores detenidos por la muerte de Belén Cortés ni siquiera ingresarán en prisión al tener 14 y 15 años. De acuerdo a la ley, la máxima pena a la que serán condenados será la de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementado en su caso por tres años de libertad vigilada más.
Si los asesinos fueran mayores de edad, las penas oscilarían entre los 10-15 años por homicidio y los 15-25 por asesinato, siempre y cuando no existieran agravantes.
La desproporción es evidente y justifica las quejas de los educadores y los compañeros de Belén Cortés: a un menor, «matar le sale muy barato».
Es la misma queja que se oyó tras el asesinato de Marta del Castillo y el de Sandra Palo, o tras los crímenes del ‘asesino de la catana’.
La sociedad española de 2025 padece una cierta ‘esquizofrenia de la responsabilidad’. Por un lado pide la rebaja de la edad de voto a los dieciséis años y facilita a los menores el aborto y los tratamientos de cambio de sexo, reduciendo de forma paralela el perímetro de la patria potestad de los padres, mientras que por el otro sigue absolviendo de su responsabilidad penal a los criminales juveniles.
La responsabilidad individual no es un menú a la carta procedente sólo para aquello que ‘beneficia’ al menor y negligible en aquello que le ‘perjudica’. La ley del menor debe ser reformada o el aumento de la delincuencia juvenil, espoleado por la impunidad que la ley garantiza a los menores, intoxicará la convivencia en nuestro país de forma irreversible.