La ley no es venganza

La petición de perdón de José Luis Alvarez Santa cristina ‘Txelis’ efectuada por persona interpuesta el pasado 24 de junio en San Sebastián, es probablemente un documento inédito en la historia de ETA. Nunca alguien que ha tenido tanta responsabilidad en esta organización, aunque esté fuera de ella desde hace catorce años, había mostrado arrepentimiento público por el daño causado. Fue una declaración fruto de la sinceridad, del convencimiento íntimo, y no el resultado de ninguna exigencia administrativa. La declaración de ‘Txelis’ tiene, además, el mérito añadido de haberse formulado desde un absoluto respeto a las víctimas, mostrando hacia ellas un grado de comprensión superior al que se manifiesta en las palabras de algunos políticos.

Las palabras de ‘Txelis’ no responden a una búsqueda de salidas personales porque no pueda aguantar la prisión, tal y como interpretó ayer en este diario Pernando Barrena quien, por otra parte, utilizó el término venganza para referirse a las reclamaciones de justicia. En el mundo conceptual de ETA y su entorno ha sido tradicional considerar que la aplicación de la ley respondía siempre a intenciones vengativas del Estado o de las víctimas, así que las palabras de Barrena se inscriben en la línea argumental clásica de la izquierda abertzale. Más inquietante resulta oír ese término en boca de dirigentes democráticos, especialmente si se dirige como acusación hacia las víctimas.

Batasuna-Sortu quiere asegurarse la impunidad judicial y política de ETA como organización y de sus miembros como individuos y trata, además, de utilizar esta etapa de final del terrorismo para someter a un juicio al Estado. Ese es el sentido de todo su discurso y el objetivo de las dos propuestas principales incluidas en la declaración del Kursaal del pasado mes de febrero. La primera de ellas la reclamación de una «justicia transicional» adulterando este concepto, puesto que lo único que pretende la izquierda abertzale es evitar la condena de los etarras («que no busque vencedores ni vencidos», dice) y que le ayuden a conseguir sus objetivos políticos. Omite que, en el ámbito internacional, la justicia transicional se plantea precisamente para evitar la impunidad recurriendo a mecanismos extraordinarios cuando falla la justicia ordinaria del país. Ahí están los tribunales internacionales sobre la antigua Yugoslavia o sobre Ruanda, como ejemplo de justicia transicional.

La segunda propuesta es la creación de una comisión de la verdad con la que pretende juzgar a todo el mundo para diluir la responsabilidad de ETA. No ignora, y por eso lo propone, que casi todas las comisiones de ese tipo que se han creado lo han sido para investigar dictaduras (Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, etc.) en momentos de transición o para investigar situaciones de guerra civil (El Salvador o Perú). Ni una cosa ni otra ocurren en España. ETA ha actuado los últimos 35 años contra una democracia y aquí en ese tiempo no ha habido ninguna guerra civil. Son ellos los únicos que tienen que una transición pendiente y por tanto es ETA la que tiene que rendir cuentas ante los tribunales, que están perfectamente preparados para juzgar sus delitos, ante las víctimas y ante el conjunto de la sociedad.