SE HA CONVERTIDO en un tópico del análisis político afirmar que el Gobierno de Rajoy confió la resolución de un grave problema político –el proceso separatista en Cataluña– a los tribunales de justicia. Como todos los tópicos, éste también resulta de mezclar la verdad fáctica con la pereza mental. La Justicia ha actuado ante el delito porque no puede hacer otra cosa en una democracia con separación de poderes, y el Ejecutivo no puede ni debe inmiscuirse en su camino, por más que persistan fundadas sospechas de que lo ha intentado a través de la Fiscalía General del Estado, singularmente desde que Julián Sánchez Melgar ocupa el cargo. Cuestión distinta es que los españoles preocupados por la integridad de su Nación se sientan desde hace tiempo mejor representados y más confortados y esperanzados por algunos jueces que por el Gobierno de España. En el vacío doctrinal, en la ausencia de liderazgo político, en la diluida y errática aplicación del 155, en la falta de coraje moral y de potencia argumentativa para refutar las mentiras incesantes de la maquinaria separatista dentro y fuera de nuestras fronteras encuentran los ciudadanos graves motivos para el desamparo.

Hay quienes desde posiciones supuestamente progresistas reprochan a Rajoy falta de estrategia política no para superar el desafío, sino para rendirse a él. Parten de la necia premisa de que la solución a la escalada nacionalista, para variar, pasaba por abrirse a negociar la partición de la soberanía de todos los españoles primero con el Govern chantajista de Artur Mas y después con el gabinete declaradamente golpista de Carles Puigdemont. Rajoy ha demostrado otras veces que sabe explicar por qué ningún presidente de Gobierno es competente para liquidar los derechos políticos de todos los españoles consagrados en el artículo primero de la Constitución. Por la sencilla razón de que la soberanía no le pertenece a él, ni al Rey, ni al presidente del Congreso: es propiedad de todos los españoles procedentes de todo el territorio nacional. España es plural. Pero ninguna identidad cultural, lingüística o étnica concede a los residentes de una parte el derecho de decidir un destino que afecta directamente a todos los sujetos de una soberanía compartida. Y menos en virtud de una conciencia intragable de supremacismo histórico.

Éste es el núcleo conceptual de nuestra condición de ciudadanos libres e iguales de una nación democrática. Y conviene explicarlo una y otra vez. Defenderlo en todo foro y ocasión, pero sobre todo donde y cuando arrecia la propaganda reaccionaria del proyecto separatista. A eso nos referimos cuando demandamos del Gobierno mayor despliegue político, un ejercicio mucho más determinado de diplomacia y pedagogía en un régimen de opinión pública como en el que vivimos. Resulta desolador escuchar al portavoz del Gobierno o al ministro de Justicia lavarse las manos y limitarse a pedir respeto para las decisiones judiciales sin que tan razonable petición vaya acompañada de alguna alternativa a la paciencia, el conformismo y la muda contemplación de la sonrisa triunfal de Puigdemont saliendo de la cárcel alemana. El mismo Puigdemont que lleva meses burlando una y otra vez a las autoridades españolas. Por ejemplo: ¿qué va a hacer el Gobierno para impulsar en Europa una revisión de la figura de la euroorden, que ha probado su ineficacia al primer intento de secesión unilateral que ha tenido que afrontar un país miembro de la UE desde su fundación?

Frente al apocamiento del Ejecutivo, el juez Llarena planea ya apelar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) planteando una cuestión prejudicial para salvar la integridad de su causa y evitar que el cabecilla del golpe termine juzgado sólo por malversación. Correspondería entonces al TJUE pronunciarse sobre si el juez de Schleswig-Holstein se extralimitó en su inadmisión del delito de rebelión. Pero mientras la Justicia trabaja activamente por evitar la impunidad de los golpistas, el Gobierno calla y espera, o se sume en convenciones de partido. Esa clase de política interesará quizá a la militancia. Los ciudadanos necesitan otra.