EL CORREO 09/04/13
· Nuevas sentencias judiciales obligan a los ayuntamientos de Zarautz, Astigarraga y Hondarribia a colocar la enseña española.
La Delegación del Gobierno en Euskadi sigue cosechando sentencias a favor en su particular ‘batalla’ con los ayuntamientos nacionalistas para que la bandera española ondee en las casas consistoriales. Los últimos municipios que deberán colocar la enseña serán los de Zarautz, Astigarraga y Hondarribia –los dos primeros gobernados por Bildu y el tercero por el PNV–, según las resoluciones dictadas entre el 4 y el 8 de abril por un juzgado de lo contencioso-administrativo de San Sebastián.
La lista, no obstante, es larga. Desde su llegada al cargo, en enero de 2012, el actual delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo (PP), ha impulsado una campaña para hacer cumplir la ley 39/1981, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras enseñas. En poco más de un año, las denuncias contra las localidades reticentes a exhibir la rojigualda se han duplicado, con un centenar de contenciosos abiertos, la mayoría contra consistorios gobernados por la coalición abertzale. Urquijo ya anunció que su Departamento sería «implacable» contra quienes intentaran burlar la normativa vigente. Y lo está cumpliendo. Si bien la Delegación del Gobierno no tiene potestad para obligar a los ayuntamientos a colocar la enseña española, sí puede denunciarlos ante los tribunales, única institución con competencia para forzar a los alcaldes a cumplir la legislación vigente bajo penas de multas o de inhabilitación. Este escenario, por otro lado, no solo se vive en Euskadi, sino también en Cataluña.
El equipo de Urquijo lleva un minucioso registro de las fechas en las que se ha solicitado a las diferentes corporaciones municipales la instalación de la bandera, así como de las sentencias judiciales. Una vigilancia, la de los 251 ayuntamientos vascos, que se empezó a estrechar a partir de las municipales de 2011. En los últimos meses, han sido varias las localidades que se han visto obligadas por ley a colocar la rojigualda. Entre ellas, Urnieta, Lekeitio, Zaldibar, Markina, Sopelana o Elorrio.
Y las reacciones han sido de lo más variopintas. Los consistorios deben asumir y acatar las resoluciones. Ahora bien, la cuestión es cómo lo hacen. En algunos casos, este paso no está exento de polémica, manifestaciones populares incluidas. El pasado mes de marzo, por ejemplo, ediles de 26 localidades guipuzcoanas, todos ellos de Bildu, protestaron en Tolosa por la «imposición» del Gobierno central. El acto estuvo encabezado por una pancarta con el lema «Somos una nación, nuestra bandera es la ikurriña». La ley no impide que, junto a la española, estén presentes otras banderas, como la de la comunidad autónoma o la localidad correspondiente.
De la ikurriña a la china
Especialmente notoria resultó, en este sentido, la iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Bergara. La enseña nacional figura desde febrero en la posición 28, junto a otras 53 banderas de diferentes Estados y nacionalidades, en la presidencia del salón de plenos del Consistorio. En el extremo izquierdo, la ikurriña y en el derecho, la de la República Popular China. En la mitad, la española. Bergara se convertía así en el tercer municipio en optar por una escenografía de estas características, después de Eskoriatza y Soraluze.
Antes de llegar a la Delegación de Gobierno, Urquijo ya propuso cuando era parlamentario del PP que la Cámara de Vitoria instase al Ejecutivo central, en manos entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, a no permanecer «impasible» respecto al izado de enseñas. Uno de sus últimos movimientos ha sido instar al rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, a colocar la bandera en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y la Escuela Universitaria de Minas y Obras Públicas.
La UPV replicó la pasada semana que la institución no está incluida en el ámbito de aplicación de la normativa, pues su naturaleza jurídica «no se corresponde con el de las administraciones contempladas en la misma». La decisión volverá a quedar, si así lo considera la Delegación del Gobierno, en manos de la Justicia.
EL CORREO 09/04/13