Pero el presidente del Gobierno persiste en la idea de finiquitar el estado de alarma el próximo 9 de mayo, sin dar alternativas. En ese empeño, Pedro Sánchez se queda con la única compañía de su socio de Podemos y la extraña alianza del demonizado Vox, partidario de suprimir cualquier estado de alarma. Tiene, a todos los demás, en contra. Sus socios de legislatura dudan, con razón, de que el Consejo Interterritorial pueda sustituir a los tribunales. Se avecina un lío jurídico de gran calado. Tanto ERC, como Compromís o EH Bildu hablan de la «irresponsabilidad» del Gobierno y están dispuestos a enmendar la situación de indefensión jurídica en la que quedaría el país cuando decaiga el estado de alarma y sigan los contagios. Aunque para eso tengan que escuchar al PP.

Pablo Casado lleva meses proponiendo modificaciones legales, por la vía de urgencia, para que las comunidades autónomas no queden a la intemperie jurídica. Un ‘plan B’ sustentado en leyes ordinarias. En noviembre no le hicieron caso en el Congreso. Pero ahora podrían cambiar las tornas si la dejación de Sánchez, agudizada por la campaña electoral de Madrid, se prolonga ‘sine die’.

Se desconoce en qué situación nos quedaremos a partir del 9 de mayo. Pero lo que parece claro es que cualquier restricción excepcional de movimientos necesitará del aval judicial. Urkullu ya pasó su calvario hace dos meses. Cuando la Justicia le contradijo con el cierre de la hostelería y ordenó su reapertura. Ahora el PNV es uno de los más críticos con Sánchez. Deplora su actitud «errática» y «unilateral». Con una comunidad como la vasca, con la incidencia acumulada de contagios más alta de todo el país, el Gobierno vasco sostiene que hay medidas que tendrán que seguir en vigor. Mientras, Isabel Díaz Ayuso asume que, para Madrid, tendrá que pedir amparo a los tribunales si quiere mantener el toque de queda hasta las 23,00 horas. Una situación kafkiana. La ‘ley antipandemia’ de Urkullu está aún muy verde y hoy simplemente será tomada en consideración en el Parlamento. Pero tiene carencias constitucionales, no llegará a tiempo y no contará con el apoyo de toda la Cámara. El PP vasco podría llevarla al Constitucional y opta por que el consenso se concentre en torno al ‘plan B’ de Casado en el Congreso. Para hacer más presión. Todos los grupos, menos Vox y Podemos, le han pedido a Sánchez que recapacite. Es posible que lo haga. Después de las elecciones de Madrid.