La mayor aberración jurídica posible es una ley redactada por sus propios beneficiarios. Y esto es exactamente la de amnistía, fruto de un pacto para armar una investidura a cambio de la impunidad de los autores de una insurrección contra el Estado. Puigdemont y su entorno no sólo han coescrito el proyecto sino que lo han corregido para que su perímetro dé también cobertura a los encausados por terrorismo. Y el PSOE, es decir, La Moncloa, lo ha consentido convirtiendo sus célebres ‘líneas rojas’ en trazos corredizos que cambian de sitio en flagrante incumplimiento de cualquier clase de compromiso. El propio presidente ha venido a reconocer, al anunciar su intención de reunirse con Puigdemont en cuanto la norma concluya su recorrido legislativo, que se trata de una operación para blanquear a los separatistas y poder incluirlos en su bloque de aliados una vez limpios de sus delitos. Una vez le preguntaron por qué había que confiar en él y dijo que porque era un hombre de principios.

A esta ley habrá que llamarla, pues, la ley Puigdemont, como se bautizó la ley Corcuera, la ley Celáa o incluso la ley Beckham, aunque en este caso el futbolista no fuese su promotor sino el principal favorecido por ella. En el de la amnistía se unen ambas condiciones, la de impulsor y la de usufructuario, en el prófugo de Bruselas, a quien Sánchez no sólo ha concedido la iniciativa sino el privilegio de introducir enmiendas para obtener una exoneración más completa. Así ha nacido una estupefaciente doctrina penal del terrorismo bajo en calorías, leve, bueno, involuntario, descafeinado, hipoglucémico, que vendría a ser el practicado sin intención de violar derechos según la chapucera definición parida para dispensar a los insurrectos que incendiaron calles o asaltaron con violencia un aeropuerto. A partir de ahora, un acto será terrorista o no en función de la interpretación que el poder de turno haga del contexto. La lógica arbitraria de Humpty Dumpty elevada a categoría de ordenamiento.