La ley Trans, una ley Frankenstein

Sigilosamente, el Gobierno Sánchez logrará la aprobación parlamentaria de la Ley Trans antes de fin de año, una vez superada la tramitación del engendro legislativo favorito de Irene Montero. Sin embargo, es la única ley que ha tenido la virtud de abrir profundas brechas en la coalición que sostiene al Gobierno que nos pastorea. En efecto, el feminismo clásico, incluso la locuaz y normalmente falaz Carmen Calvo, se ha opuesto con todas sus fuerzas a una ley que, como dicen con toda la razón, amenaza con borrar la identidad natural de las mujeres elevando a Ley la autodeterminación de género. En resumen, esta doctrina, cuya máxima representante es la confusa activista woke Judit Butler (equívocamente llamada filósofa), viene a afirmar lo siguiente: ser mujer (u hombre) por nacimiento es un accidente biológico; elegir ser mujer a voluntad es un derecho democrático (y en realidad la prueba de estar en el lado correcto de la sociedad). Una verdadera Ley Frankenstein que, como la del famoso doctor de las viejas películas de terror, sea capaz de vencer a la naturaleza, invertir sus leyes y fabricar criaturas vivas a voluntad con restos de gente descartada. Y una ley que retrata perfectamente los propósitos de la facción ideológicamente dominante en el Gobierno Frankenstein, como lo bautizara el añorado Alfredo Rubalcaba (lo que ya expresa la caída del PSOE en el infierno de la ingeniería social).

Por qué quieren fabricar un colectivo trans

La pregunta es qué interés puede tener el Gobierno en una ley semejante. No, desde luego, reconocer los derechos transexuales, como afirma enfáticamente la exposición de motivos de la Ley, tan falsa como toda la comunicación oficial. Porque la transexualidad ya está reconocida y protegida, en la ciencia bajo la denominación técnica de disforia de género, en la sanidad pública con tratamientos apropiados cuando sea necesario y con las necesarias cautelas dado su carácter irreversible y la dificultad del diagnóstico, como explica el psiquiatra Celso Arango. Pero no se trata de reconocer derechos nuevos ni de mejorar los reconocidos, objetivo siempre digno, sino de crear un nuevo colectivo social al servicio del poder de cierta izquierda. Los voceros del colectivo arguyen que la única manera de reconocer sus derechos es por una ley específica; en ese caso, también harían falta leyes para superdotados, personas felices o cualquier categoría excepcional. Más bien es la vieja teoría izquierdista de que la ciudadanía personal no significa nada y de que los “derechos sociales” corresponden a colectivos o castas cerradas. Como escribo el Día de la Hispanidad, algo parecido a la sociedad de castas de los virreinatos hispanoamericanos, donde se nacía y normalmente moría como criollo, mestizo, mulato o indio, sin que fuera posible igualar los derechos y obligaciones desiguales de cada casta.

En realidad, veo tres malas ideas detrás de esta ley:

1 – Los derechos no son universales, personales e innatos, son colectivos y los da o quita el Estado.