Carlos Fonseca, EL CONFIDENCIAL, 17/3/12
La Justicia debe resolver en las próximas fechas tres causas que lleva meses demorando por la enorme repercusión política que tendrán los fallos. El primer turno le ha correspondido al Tribunal Supremo (TS), que el próximo día 28 debatirá el recurso presentado por Arnaldo Otegi contra su condena a 10 años de reclusión en el conocido como “caso Bateragune”. El tribunal que lo juzgó consideró probado que el líder abertzale era miembro de ETA en grado de dirigente, y que junto a otros intentaba refundar la ilegalizadaBatasuna siguiendo órdenes de la banda terrorista.
La revocación del fallo dejaría a Otegi en libertad (no tiene ninguna otra causa pendiente) y permitiría a la izquierda abertzale recuperar a un líder reconocible, algo de lo que carece en este momento, al menos de puertas para fuera. El “cese definitivo” de la violencia anunciado por ETA y el golpe de timón de su trama política facilitó a Bildu, en las municipales y forales, y aAmaiur en las generales, recuperar a muchos votantes que coinciden en el objetivo de la independencia, pero no en la violencia como instrumento para conseguirla.
El próximo año el desafío será mayor, con unos comicios autonómicos en los que los abertzales aspiran a arrebatar al PNV la hegemonía nacionalista. Para semejante tarea no valen candidatos de cartón piedra como el alcalde de San Sebastián o el diputado foral de Gipuzkoa, dos perfectos desconocidos que han rentabilizado de maravilla el momento político que les ha tocado vivir. Rufi Etxeberría, el exdirigente de Batasuna más conocido de los que están en libertad, no alcanza el perfil exigido. Es un tramoyista que se mueve mejor tras el telón que en escena. El perfecto segundón.
Carente de referentes, Arnaldo Otegi es el único capacitado para intentar el asalto a Ajuria Enea, pero antes tiene que recuperar la libertad. Si lo consigue asistiremos a una situación cuanto menos paradójica, la de pasar de tener por delante diez años de prisión por terrorista, a ser candidato a lehendakari.
Los otros dos casos le corresponde resolverlos al Tribunal Constitucional(TC): la doctrina Parot, que ha permitido prolongar hasta diez años la permanencia en prisión de muchos etarras, y la legalización de Sortu. Resolver el futuro de los presos es fundamental para la izquierda abertzale, porque hay internos y familiares para los que todo va demasiado despacio y empiezan a desesperar. Conscientes de ello, los líderes abertzales no pierden la ocasión de exigir en público la excarcelación de todos, sin distingos de delitos ni del tiempo cumplido o por cumplir, aunque saben que no habrá una salida colectiva.
Lo difícil es convencer a quien lleva años en prisión que va a tener que permanecer en ella aunque ETA desaparezca y, además, con un Gobiernoque se niega a hacer gestos, como sería su acercamiento a cárceles próximas al País Vasco o la excarcelación de los gravemente enfermos.
La derogación de la doctrina Parot haría que en torno a 70 etarras recuperaran la libertad de forma inmediata, y acercaría a ella a muchos más que fueron condenados con el Código Penal de 1995, que permitía la acumulación de penas en una sola con un cumplimiento máximo de 30 años y posibilidades de redimir condena. Otra cosa son todos aquellos condenados con la reforma del Código Penal de 2003, que establece el cumplimiento íntegro de las penas hasta un máximo de 40 años.
El asunto más intrascendente en este momento es la legalización de Sortu. La izquierda abertzale ya está en las instituciones gracias a dos coaliciones (Bildu y Amaiur), y nada impide que presente una nueva marca electoral para las autonómicas de 2013. Por eso, legalizar Sortu tendría un efecto más simbólico que efectivo. El simbolismo de que todo un Tribunal Constitucional daría el visto bueno a una izquierda abertzale que lleva en la clandestinidad desde la ilegalización de Batasuna en 2002 gracias a la Ley de Partidos.
Si Sortu es legalizado, la izquierda abertzale se quitará el corsé y tendrá que empezar a pensar en una identidad única que aglutine su imagen y su discurso, y acabe con la macedonia de siglas a que la Justicia le ha condenado hasta ahora. Los recursos de amparo ante el TC no tienen un plazo de tramitación, pero es deseable que los fallos no se demoren demasiado. Ganaremos todos.
Carlos Fonseca, EL CONFIDENCIAL, 17/3/12