La lista de Ordónez

SE retrata Covite, una vez más, como indispensable custodia de la memoria, dignidad y justicia que merecen todas las víctimas del terrorismo. Ha sido esta asociación, valientemente presidida por Consuelo Ordóñez, la que ha denunciado la presencia de la Guardia Civil en un listado de «bandas armadas» incluido en la página web del Gobierno Vasco y que menciona igualmente al Batallón Vasco Español, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Euskadi Ta Askatasuna (nombrada así y no por las siglas ETA que todo el mundo identifica) o la Extrema Derecha. La Guardia Civil, cuya contribución decisiva a la lucha contra esta lacra se ha traducido en cerca de trescientos muertos en acto de servicio, equiparada a los asesinos expertos en disparar por la espalda o accionar coches bomba desde la distancia. La Guardia Civil, el cuerpo más abnegado y peor pagado de cuantos conforman nuestra red nacional de seguridad, nuevamente vilipendiada por quienes se empeñan en escribir el relato de lo sucedido desde una equidistancia tan falsaria como infame.

Aduce en su defensa el Ejecutivo de Íñigo Urkullu, obligado a corregir el desafuero y pedir las correspondientes disculpas, que se ha tratado de «un error informático en una web que se está remodelando». ¿Error? ¿Qué clase de error informático justifica la existencia de ficheros en los que la Benemérita aparezca asociada a la denominación «grupo terrorista»? ¿No estaremos más bien ante un acto fallido revelador de lo que anida realmente en la mente y voluntad política de quienes gobiernan esa tierra tanto tiempo escarnecida por los sicarios del terror?

Si no lloviera sobre mojado, tal vez sería aceptable la tesis de la mala pasada achacable a los duendes del ordenador. Siendo los protagonistas de esta historia los que son, resulta sencillamente increíble. Y es que la lista de la vergüenza en cuestión cae bajo la jurisdicción de Jonan Fernández y su Secretaría de Paz y Convivencia, cuya mera denominación constituye un monumento al eufemismo sarcástico amén de una elocuente declaración de intenciones. Fernández, impulsor histórico de la célebre Coordinadora Lurraldea, encargada de boicotear las obras de la autovía de Leizarán a cuya construcción se oponía la banda del hacha y la serpiente, se reconvirtió con los años en activista en favor de la «solución dialogada al conflicto» y, como tal, obtuvo acogida, abrazo y pesebre bien surtido del poder peneuvista. Desde su despacho, generosamente engrasado con los impuestos de todos los vascos, se trabaja con denuedo para imponer la versión oficial nacionalista, que niega la verdad de una organización criminal empeñada en revertir el orden constitucional a base de sangre inocente y la sustituye por esa patraña del «conflicto político en Euskadi». Como si en lugar de víctimas y verdugos hubiese habido dos bandos enfrentados entre sí, igualmente culpables de sus respectivas bajas. Asumiendo, desde la más alta representación del Estado español en esa comunidad autónoma, la máxima que inspira al movimiento Elkarri en el que, tras su paso por Lurraldea, echó los dientes «democráticos» el mencionado Fernández. A saber; que es preciso «construir un discurso de reconciliación alternativo al de vencedores y vencidos».

Éste es el contexto perverso en el que se sitúa el «error informático» que ha propiciado la inclusión de Guardia Civil en un listado de grupos terroristas. La pretensión es tan clara como burdo el mecanismo: situar en un mismo plano a héroes y asesinos, en un tótum revolútum destinado a crear confusión. Menos mal que las víctimas estaban ojo avizor.