Iñaki Ezkerra-El Correo

  • Los pacientes terminales merecen una política que no solo cubra el expediente

El caso ha saltado a la prensa nacional y no ha dejado en muy buen lugar a la sanidad vasca, de la que sus responsables políticos se sienten tan orgullosos. Hablo de ese pediatra del hospital de Cruces al que sus superiores llamaron al orden porque había estado atendiendo de modo voluntario y en horas extras no remuneradas a una niña agonizante de cuatro años a la que el Servicio Vasco de Salud le negaba la atención de los cuidados paliativos fuera del estricto horario laboral en su domicilio. Vivimos en una época paradójica. Hay unos personajes públicos que no pierden ocasión para vender las siglas de su partido y para hacer ideología de los ‘derechos sociales’ o de la ‘muerte digna’, pero a la vez nos topamos con un caso como ese que tristemente no constituye una excepción en el panorama español, en el que solo hay tres comunidades (Madrid, Cataluña y Murcia) que disponen de esos servicios pediátricos las 24 horas de todos los días del año.

El sufrimiento y la muerte no entienden de horarios. Pero a esa niña solo se la podía atender oficialmente de ocho de la mañana a tres de la tarde y de lunes a viernes. El resto del día y durante todas las noches, así como todos los fines de semana, debía enfrentarse a su dolor y a su angustia sin ningún apoyo sanitario. Al pediatra que se apiadó de ella, como al otro médico de su departamento y a las dos enfermeras que colaboraron en esa tarea humanitaria, se les llamó al orden y se les advirtió de que estaban actuando por su cuenta y riesgo. ¿A qué orden, se pregunta uno, se les pudo llamar a esos dos profesionales solo responsables de haber guardado fidelidad al juramento hipocrático y a esas dos enfermeras que decidieron acompañarlos y robar horas a su ocio o a su sueño? ¿Al orden desordenado y merecedor de esa corrección que, a raíz de este sangrante caso, ahora se anuncia en los medios?

No. El caso del servicio de cuidados paliativos del hospital de Cruces no es excepcional, de acuerdo, pero parece obvio que debe imponerse otra ‘normalidad’ para los pacientes terminales o afectados por enfermedades crónicas y que esta debe responder a una política continuada que contemple la debida cobertura legal y los necesarios seguros. Una política que no se base ni en la necesidad de cubrir el expediente ni en la propaganda ni en un altruismo que, para colmo, ha sido mal pagado. No es cuestión de hacer sangre con este tema, pero uno no puede dejar de preguntarse qué es lo que se les pasa por la cabeza a unos superiores jerárquicos de un hospital cuando, ante un caso de sensibilidad humana y elemental compasión, como el que ha saltado a la prensa, no se les ocurre otra cosa que ‘llamar al orden’ a sus colegas. ¿A qué orden? ¿Al tristemente establecido?