Ignacio Camacho-ABC

• El control de las cárceles vascas era una letra pendiente de pago desde los acuerdos para la ‘normalización’ de ETA

Si se te revolvía el estómago con los acercamientos de presos etarras, procura aprovisionarte de antiácidos en la farmacia. Los vas a necesitar para digerir el traspaso consumado al País Vasco de las competencias de gestión penitenciaria. Acuerdo cerrado aunque para no interferir en las elecciones de Madrid, como si eso fuera posible, no se formalizará en una firma hasta mayo. Y sí, significa exactamente lo que estás pensando. Por supuesto que la legislación general sobre prisiones seguirá, faltaría más, a cargo del Estado. Y por supuesto también que buena parte de los terroristas trasladados por Marlaska no están todavía en Euskadi sino en territorios aledaños. Pero puedes apostar a que, como en Cataluña con los líderes del ‘procés’, no vas a tardar mucho en ver a algunos reputados carniceros beneficiarse de la progresión de grado.

Ése es el sentido final de la operación. Esto no va de reinsertar a estafadores y traficantes, sino de un paso más en la ‘normalización’ política de lo que queda de ETA. Una contrapartida aplazada, como una letra de cambio pendiente de pago, desde la negociación sobre el cese de la violencia. Todo va encajando: la implicación de los nacionalistas y Bildu en los Presupuestos de este año; la aproximación, viernes tras viernes, de los asesinos de trayectoria más sangrienta con el solo trámite de la firma de una carta-formulario; la interlocución con los intendentes del post-terrorismo como parte del bloque de respaldo sobre el que Sánchez sostiene su mandato. En ese escenario, donde el mundo abertzale se disputa la hegemonía social palmo a palmo, el control de las cárceles es la herramienta clave que el PNV necesita para asentar su liderazgo. Nada menos que el futuro de los viejos mentores de la banda en sus manos.

La transferencia está prevista, cierto es, en el vigente Estatuto de Gernika. También en los de otras comunidades, desde Andalucía a Galicia, que nunca han mostrado demasiado interés en pedirla o cuando lo han hecho, caso de Canarias, no han sido oídas. Sólo en Cataluña y País Vasco se trata de una prioridad asociada a su reclamación de soberanía y a la consiguiente relación con sus respectivos conflictos independentistas. Lo que ha sucedido con los condenados por la insurrección catalana es de general conocimiento. Lo que va a ocurrir a plazo medio, o tal vez corto, con los reclusos etarras es fácil de colegir sin excesivos dones proféticos. El nacionalismo no sólo persigue mitos simbólicos; es muy persistente en los hechos y cimenta su implantación política en arrancar cesiones que pueda vender como éxitos. Éste representa la derrota -una más- de las víctimas, y se lo ha entregado Sánchez con plena conciencia de que va a desembocar en otra colección de ultrajes. Recuérdalo cuando te hierva la sangre al ver a los criminales disfrutando de una semilibertad recién concedida por las calles.