LIBERTAD DIGITAL 07/04/16
EDITORIAL
La noticia de que la CUP ha propuesto al terrorista recientemente excarcelado, y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi un «frente común» para quebrar desde las instituciones la unidad y el ordenamiento jurídico de España será motivo de lógica preocupación para muchos, pero no debería sorprender a nadie.
Desde que el Tribunal Constitucional, con la condescendencia de la acomodaticia y apaciguadora clase política, dejó en papel mojado la Ley de Partidos y amparó las ilegalizadas formaciones con que ETA había pretendido burlar la ilegalización de Batasuna –Bildu y Sortu–, estaba cantado que los proetarras iban a aprovechar la oportunidad de utilizar la representación parlamentaria y el dinero del contribuyente para conseguir aquello por lo que la banda terrorista ha asesinado a casi un millar de españoles, que no es otra cosa que la ruptura de España.
En este sentido, tiene toda la lógica del mundo que quienes siempre hicieron suyos los objetivos políticos de Terra Lliure y de ETA –organizaciones criminales a las que nunca han condenado– busquen confluencias en pro de sus objetivos comunes. Las alianzas entre los separatistas vascos y los catalanes se remontan, por otra parte, a antes de la última guerra civil, y en tiempos más recientes cabe recordar el acuerdo alcanzado entre la Esquerra Republicana de Carod-Rovira y la propia ETA para que la banda terrorista nacionalista vasca dejara de matar en Cataluña.
No hay más que echar un vistazo al documento que la dirección de la CUP aprobará en su próxima asamblea para conocer sus planes para destruir el Estado de Derecho y para comprender que, al igual que Sortu con la denominada Euskal Herria«, no se contentan con la secesión de Cataluña sino que van a por los denominados Països Catalans, en el que están incluidos la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y territorio francés.
Por otra parte, y a pesar de las reiteradas desobediencias al Tribunal Constitucional por parte de los gobernantes secesionistas catalanes, tampoco debe extrañar que el ala más radical del secesionismo catalán exija a Junts pel Sí que el ilegal proceso de ruptura se desarrolle de forma todavía más expresa y acelerada.
Aunque la impunidad y la financiación, indirecta pero decisiva, que el Estado viene silenciadamente brindando al proceso secesionista catalán podría dar fundamento a esa mayor celeridad que los batasunos catalanes reclaman de cara a culminar la ruptura en enero de 2017, conviene tener presente que el Parlamento autonómico catalán ya ha constituido este miércoles la primera de las tres ponencias conjuntas para redactar la ilegales «leyes de desconexión del Estado», la de la Seguridad Social, en la que sólo participan Junts pel Sí y la CUP.
A todo lo anterior hay que sumar la irrupción de Podemos, que, si bien dice no ser partidario de la secesión de ninguna comunidad autónoma, es el partido más poderoso de cuantos quieren fraccionar la soberanía nacional en pro de no menos ilegales referéndums de autodeterminación.
Ante este desolador panorama, más valdría dirigir la indignación contra aquellos que han renunciado a defender, intelectual, política, judicial y financieramente, la unidad de España y su articulación como Estado de Derecho. Los separatistas no hacen más que aprovechar la oportunidad que aquellos les brindan.