Salvo sorpresa nunca descartable estando Puigdemont por medio, esta semana se va a cerrar en la comisión de Justicia el dictamen final sobre la ley de impunidad, llamada de amnistía. El sanchismo militante, cuyo líder andará de viaje por América del Sur, lo venderá como un éxito porque necesita garantizarse una mínima estabilidad tras los amargos tragos de los últimos días y no tiene otro modo de conseguirla que añadir –sumar, diría doña Yolanda– un escándalo de corrupción política al reciente episodio de corrupción propiamente dicha, es decir, a la venalidad de unas instituciones comprometidas en el tráfico de comisiones por la compra de mascarillas. Hasta un significativo porcentaje de votantes socialistas rechaza, según las encuestas, esta modalidad de exoneración selectiva que a tenor de las declaraciones del prófugo va a cubrir las causas abiertas por eventual participación en actos terroristas. (La sedición, la malversación y otras corruptelas de menor cuantía ya estaban incluidas en el primer borrador concertado en Suiza y desaprobado por sus propios beneficiarios por no cumplir todas sus expectativas). Da igual; al Gobierno le urge procurarse alguna dosis de respiración asistida que le permita salir siquiera por un tiempo de su estado de asfixia, y los negociadores –entre los que está Zapatero, qué podría salir mal en esa compañía– han recibido la consigna de darles a los separatistas lo que pidan. Luego ya se verá; no están las circunstancias para andarse con casuismos y sutilezas jurídicas.

No hace falta ser experto en derecho para apreciar, a vista gorda, la patente contradicción entre el rasero preventivo aplicado a las sospechas que recaen sobre Ábalos y sus amigos y la barra libre otorgada al independentismo. La justificación de la incoherencia consiste en que a los delitos de los golpistas catalanes se les atribuye un móvil político mientras que los satélites de la ‘koldosfera’ sólo buscaban llenarse sus bolsillos. Una forma como otra cualquiera de tomar por idiotas a unos ciudadanos lo bastante despiertos para apercibirse por sí mismos de la vergonzosa operación de autorrescate emprendida por el Ejecutivo a costa de borrar los últimos límites de sus ya laxos principios. En esta lógica perturbada, la trama de Transportes podría acabar, como los dirigentes andaluces de los ERE, solicitando el indulto alegando que al fin y al cabo trabajó en asuntos de interés público aunque colateralmente se ocupara también de los suyos: todo lo que rodea la huida hacia delante de Sánchez, esta legislatura descompuesta desde su inicio entre chantajes obvios, maniobras turbias y tejemanejes oscuros, sólo puede ya abordarse desde la perspectiva de la sinrazón, de la paradoja, del absurdo. Sólo que en medio están un Estado y un país sometidos al peor de los abusos, el de la desviación de poder al servicio de un orden injusto.