El éxito del barrido policial de los últimos meses se debe en buena medida a la coordinación entre las administraciones central y autonómica, que debería tener su reflejo político en una estrategia para fomentar la cohesión nacional. La lucha contra el terrorismo requiere, además del esfuerzo policial, un compromiso en las aulas y en las Cortes.
Desde que ETA rompiera su tregua, las Fuerzas de Seguridad se han empleado a fondo contra la cantera terrorista. Con la detención ayer en Navarra de cinco jóvenes vinculados a la kale borroka, la Policía Nacional y la Guardia Civil completan la cuarta operación practicada desde julio contra el entramado juvenil de ETA. En lo que va de legislatura se han practicado 109 detenciones relacionadas con el terrorismo callejero, de las cuales un tercio se han realizado en los últimos cuatro meses. Tal proporción habla por sí sola.
A los detenidos se les incautaron artefactos y material incendiarios, así como documentación sobre las listas electorales del PP y el PSOE en Burlada. Estas aprehensiones indican su propósito criminal y su vinculación a ETA, y deberían bastar también para erradicar cualquier relativismo o matización sobre la gravedad del mal denominado «terrorismo de baja intensidad». Esto precisamente es lo que hizo ayer el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, al subrayar que si estuviera con uno de estos jóvenes le diría que «su futuro está en los libros de texto y nunca en los manuales de explosivos». Esta frase destila tanto una consideración dulcificada de los alevines de ETA -a quienes ve quizá más como a chicos errados que como a aprendices del terror-, como un profundo desconocimiento sobre el grado de manipulación, tergiversación y ocultación de los manuales en que se maleduca, se adoctrina y se adormece a centenares de miles de jóvenes del País Vasco y del resto de comunidades gobernadas por los nacionalistas.
Tal como publicamos hoy, en la segunda entrega del análisis comparado de los libros de texto, lo terrible es que en los manuales del País Vasco se minimizan o suprimen los crímenes de ETA y se relativiza el drama, abonando así la semántica perversa sobre el -al decir nacionalista- «conflicto político». Un ejemplo de esta manipulación se ve en el manual de Historia de 4º de ESO de Santillana, donde en su edición vasca se sustituye la imagen de la manifestación en repulsa por el asesinato de Tomás y Valiente por una marcha contra el racismo.
El éxito del barrido policial de los últimos meses se debe en buena medida a una labor de colaboración y coordinaciónentre las administraciones central y autonómica, que debería tener su reflejo político en una estrategia encaminada a fomentar la cohesión nacional. Lamentablemente, esto no parece formar parte de la agenda del Gobierno. Lejos de tender puentes y eliminar suspicacias revocando en el Congreso el permiso que se procuró Zapatero para legitimar su proceso de paz, el Ejecutivo y el PSOE tiran balones fuera y descalifican a la prensa crítica y a la oposición cuando alguna información, o alguna iniciativa parlamentaria, cuestionan la dirección de la política antiterrorista. Sucedió anteayer cuando Rubalcaba negó sin más la información de EL MUNDO que revelaba la existencia de un informe interno de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, fechado el 23 de octubre, sobre presuntos encuentros entre el PSE y ETA. Y volvió a suceder ayer, cuando el PSOE respondió con un ataque furibundo al PP por reclamar este documento en el Congreso. Parece claro que la lucha contra el terrorismo requiere, además del esfuerzo policial, un compromiso en las aulas y en las Cortes.
Editorial en EL MUNDO, 21/11/2007