La noticia adelantada en exclusiva por EL ESPAÑOL de que Isabel García Sánchez, la directora del Instituto de las Mujeres, y su pareja Elisabeth García han ingresado más de 250.000 euros gracias a 64 contratos concedidos por ayuntamientos socialistas para la gestión de los conocidos como «puntos violeta» ha caído como una bomba entre el feminismo español. Más Madrid ha pedido la dimisión de Isabel García y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido explicaciones acerca de dichos contratos.
El PP, por su lado, ha pedido la comparecencia de la polémica directora del Instituto de las Mujeres en el Congreso de los Diputados.
La conmoción es comprensible. Que un alto cargo del Gobierno, al frente precisamente de la lucha contra la violencia machista, haga negocio con dicha violencia ofende los más elementales escrúpulos democráticos. Que lo haga de la mano de su pareja y a través de dos empresas, Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e Imber Consultoría de Igualdad, sin trabajadores y sin oficinas exige explicaciones inmediatas.
Pero no sólo explicaciones. Como bien dijo ayer miércoles el portavoz del PNV Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados en referencia a las noticias sobre los negocios de Begoña Gómez y el posible conflicto de intereses que estos plantean, «hay límites más allá de lo penal, las leyes no sirven para nada sin ética».
Esteban está en lo cierto. Sin una elemental ética democrática, previa a cualquier norma jurídica positiva, las leyes se convierten en un elemento decorativo irrelevante y cualquier sospecha de corrupción o de prevaricación puede ser solventada con un cínico «las parejas de los políticos tienen derecho a trabajar, a comer y a vivir». Un argumento por cierto calcado del esgrimido por el Gobierno en el caso Begoña.
Obviamente, las parejas de los políticos tienen derecho a trabajar, a comer y a vivir. Pero no es legítimo que lo hagan de los fondos concedidos por un Gobierno del que su pareja es alto cargo y de ayuntamientos controlados por el partido al que esta pertenece. Recordemos, además, que Isabel García fue la coordinadora federal LGBT del PSPV-PSOE y también la secretaria LGBT del partido en la provincia de Valencia.
Las explicaciones dadas por Isabel García a EL ESPAÑOL son muy insuficientes, por no decir casi inculpatorias. Alega la directora del Instituto de las Mujeres que posee «menos del 10% de las acciones» de las empresas Elig e Imber. Pero reconoce que vendió el resto de las acciones a su pareja cuando fue nombrada directora del Instituto y que lo hizo, además, dos meses después de su nombramiento.
Isabel García ha incumplido por tanto el artículo 11 de la Ley 3/2015, que regula el ejercicio de los altos cargos y sus incompatibilidades. En dicho artículo se afirma que «los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades».
Luego, ese mismo artículo especifica que «un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos». De acuerdo con la ley, se consideran intereses personales «los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes«.
El artículo 14 de la misma ley afirma que los altos cargos no podrán tener participaciones a través de «personas interpuestas» o que actúen «por cuenta del alto cargo».
Parece obvio, por tanto, que Isabel García ha incumplido la ley 3/2015.
Pero más allá de las responsabilidades administrativas o incluso penales que se le puedan atribuir, lo que parece evidente es que, desde un punto de vista estrictamente político, la directora del Instituto de las Mujeres se ha lucrado y/o ha permitido que su pareja se lucre con la lucha contra la violencia machista. Y eso es inadmisible.
Isabel García está obligada a dar explicaciones públicas a todos los españoles, pero sobre todo a las víctimas de violencia machista, que legítimamente pueden preguntarse ahora qué interés puede tener en poner remedio a ese problema alguien que se lucra con su existencia.
EL ESPAÑOL le concederá a Isabel García la presunción de inocencia hasta que dé esas explicaciones. Pero la claridad diáfana de los hechos es tal que ve prácticamente imposible que la directora del Instituto de las Mujeres pueda esquivar su destino: el de su cese inmediato y el del fin de cualquier tipo de colaboración de las administraciones españolas con cualquiera de sus empresas.