EL CORREO 06/08/14
TONIA ETXARRI
Artur Más no puede disimular su herida abierta en canal desde que las trampas confesas de su antecesor Jordi Pujol abren todos los informativos televisivos y portadas de prensa como un serial sin fin. Ayer, en su comparecencia ante los medios de comunicación, reconoció que este escándalo podría afectar al proceso de desvinculación de Cataluña del resto de España en el que se implicó hace dos años: «Entra dentro del cálculo de probabilidades», respondió resignado. Y no es para menos. Se trata de la corrupción, que tantas veces ha servido de arma arrojadiza cuando saltaban casos en otros partidos políticos. Y que, en el caso del clan Pujol, ha campado a sus anchas durante 34 años volviendo del revés la consigna nacionalista sobre la identidad de los ladrones que expoliaban a los sufridos ciudadanos. La nave de CiU hace agua. Tiene unos boquetes de unas dimensiones tan enormes que, de momento, no se están pudiendo taponar ni con los anuncios desesperados de la refundación del partido como solución ‘in extremis’.
La fortaleza sicológica que pedía ayer el actual ‘honorable’ de la Generalitat a los ciudadanos catalanes para superar escollos tan importantes como el escándalo de la evasión fiscal del clan Pujol (en vez de pedir que se subleven contra los autores de semejante tropelía) deberá reclamarla para que su proceso soberanista no choque con la legalidad democrática. Hará falta mucha fortaleza sicológica para que la opinión pública digiera sin excesiva frustración cómo se podría ir deshaciendo la madeja de un proceso de ensoñación que resulta inviable. La fortaleza necesaria para retomar el camino del posibilismo y el diálogo y no llevar a los catalanes a la frustración como destino.
Sobre todo cuando se trata de abordar un referéndum que él sabe que seguirá siendo considerado ilegal por el Estado, a pesar de que el Parlamento catalán apruebe su ley de consulta. Se lo habrá contado ya Ibarretxe en más de una ocasión: cuando una legalidad choca con otra de ámbito superior, la primera se anula. A él le pasó. Una vez recibió el rechazo del Congreso de los Diputados, por mayoría aplastante, a su plan soberanista en 2005, logró que el Parlamento vasco aprobara, tres años después, una ley de consulta. Con dos preguntas tan caóticas que mezclaban el fin de la violencia de ETA con el derecho a decidir. Pero tuvo muy poco recorrido. El Gobierno de Zapatero la impugnó de inmediato. Y el Tribunal Constitucional la invalidó (por unanimidad) al considerar que vulneraba el artículo 149 de la ley al invadir competencias estatales.