El Correo-JOSEBA ARREGI

Lo imposible sigue siendo imposible. Pretender una reforma de la Constitución por medio de una reforma del Estatuto es inviable por muchas comisiones de expertos que se nombren

Tras innumerables procesos de desmitificación, tras la Ilustración, tras la celebración de la cultura tecnocientífica se podría esperar que la magia hubiera desaparecido. Algunos pensadores escribían ya en los años 40 y 50 del siglo pasado que la técnica era la prolongación de la magia tradicional por otros medios: búsqueda de esquemas repetitivos, voluntad de control del entorno, fortalecimiento de la sensación de seguridad articulando rutinas. A veces es que ambos elementos conviven en el mismo espacio: somos científicos y tecnológicos y, al mismo tiempo, dotamos a esa cultura tecnocientífica de poderes mágicos. Las palabras pueden servir para dar apariencia de razonabilidad a la magia que pervive. La palabra ‘experto’ es un buen ejemplo. Si una empresa, un partido político, un Parlamento se encuentra ante problemas insolubles, se recurre siempre a expertos. Se espera que los expertos se hallen en posesión de un saber arcano que permita romper las limitaciones de la realidad. Se espera que los expertos sean capaces de transformar la política como arte de lo posible en la política como arte de hacer posible lo imposible (Joseba Egibar).

Pero lo imposible sigue siendo imposible y no hay experto ni comisión de expertos que sean capaces de producir efectos mágicos. Pretender una reforma de la Constitución por medio de una reforma del Estatuto de Gernika es imposible por muchas comisiones de expertos que se nombren. Pretender formar una comunidad política basándose en las diferencias de quienes deben ser incluidos en ella es una imposibilidad si no se plantea la integración de los diferentes en un horizonte de igualdad: solo sobre el fundamento de la igualdad en derechos y libertades de los ciudadanos se soportará una comunidad política, y solo en ese horizonte de igualdad se puede plantear la convivencia entre diferentes en libertad. No puede haber comisión de expertos que pueda trastocar y poner patas arriba la jerarquía de esas bases. La igualdad a partir de las diferencias solo se puede alcanzar por imposición de una diferencia sobre todas las demás, por tiranía.

En cuestiones tan serias como el tratamiento de la memoria del terrorismo suena también a pensamiento mágico la repetición de que los materiales didácticos para las escuelas vascas son una propuesta abierta a aportaciones. No hace falta ser un especialista para saber que quien redacta el orden del día, quien redacta el borrador, quien articula la propuesta de resolución ya ha ganado, y que la única salida que queda es una enmienda a la totalidad. En caso contrario se abre el período de aportaciones antes de proceder a redactar los materiales didácticos, antes de darles forma definitiva y hacerlos públicos. En este caso, la magia de las palabras «abierto a aportaciones» esconde el engaño de que no se variará la lógica fundamental en que se sustentan dichos materiales.

La respuesta ante las críticas de que estos materiales «deslegitiman el terrorismo» con toda claridad está inmersa en la magia de las palabras. ¿Qué es lo que deslegitiman? El terrorismo, que en el contexto de todo el trabajo que lleva a cabo la Secretaría de Paz y Convivencia, con el aval del lehendakari, lo es por violar derechos humanos, en especial el derecho a la vida. Pero no todos los que atentan al derecho a la vida son terroristas. Y no todas las violaciones de derechos humanos son terrorismo. En el caso de ETA su terrorismo se fundamenta en un proyecto político nacionalista que exige eliminar los obstáculos para llegar a alcanzarlo, lo que implica negación de la libertad fundamental, la libertad de conciencia, la libertad de identidad, la libertad de sentimiento de pertenencia. Todo ello explicitado, articulado, proclamado y legitimado. Por esta razón la Ley vasca de Víctimas (2008) habla en su artículo 7. 1 de las causas reales de la victimación, y en el artículo 8. 2 dice: Igualmente, el derecho a la memoria tendrá como elemento esencial el significado político de las víctimas del terrorismo que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente.

Si no se quiere hacer magia con las palabras, estas previsiones de la Ley vasca de Víctimas habla del terrorismo de ETA, de las causas reales de la victimación que produce y lo define como su (de ETA) proyecto totalitario y excluyente, lo que exige, en palabras de dicha ley, la defensa de lo que dicho proyecto pretende eliminar. Es decir: el significado político de las víctimas consiste en que en la sociedad vasca no cabe un proyecto político de nacionalismo radical que conlleve totalitarismo identitario, y exclusión por negación de la libertad de identidad.

Éste debiera ser el contenido las unidades didácticas. La división en décadas es ya ejercicio de poder. El proyecto de ETA era el que indica la ley citada, antes de la muerte de Franco y después. Es innegable que hubo otros terrorismos, que se puede y debe decir que eran de motivación política, como también se puede y debe decir que no estaban soportados por un proyecto político definido, articulado, proclamado y legitimado, y en el caso del GAL, que respondía a la percepción de debilidad del Estado de Derecho para defenderse, causando con ello graves daños al mismo Estado de Derecho que pretendían salvar.

En Alemania no se comenzó a hablar de las víctimas producidas por las tropas aliadas, sobre todo soviéticas, en los últimos meses de la guerra, y que se cuentan por millones, hasta 50 años después de que en la conciencia de los ciudadanos alemanes quedase bien asentada la idea del holocausto provocado por la Alemania nazi, y nunca se mezclan ambos tipos de víctimas en ningún ámbito, sin que ello suponga dividir las víctimas en categorías distintas. Pero cada cosa en su sitio. La ambigüedad no es ni pedagogía ni didáctica, la confusión no enseña ni forma, eliminar del terrorismo de ETA su raíz nacionalista radical y subsumirlo bajo el paraguas de violación de derechos humanos no es hacer justicia al significado político de las víctimas recogido en la Ley vasca de Víctimas.