Editorial-ABC
- Cuando gobernar se convierte en una actividad subordinada a la conservación del poder, los errores dejan de ser accidentes para convertirse en un método
La estrategia de Moncloa de confiar en que el paso del tiempo borre de la memoria ciudadana los escándalos de corrupción y los errores de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado. Lejos de quedar sepultados por la actualidad, los problemas reaparecen y sus consecuencias se hacen cada vez más visibles. El resultado es una sucesión de noticias que compromete las expectativas electorales del PSOE y desmiente el relato de eficacia con el que el presidente pretende defender su gestión. A los casos de corrupción que se investigan en numerosos procedimientos judiciales se suman ahora tres asuntos de extraordinaria gravedad: la denuncia de un trabajador despedido que había advertido de defectos en el balasto del tramo ferroviario de Adamuz; los fallos de las pulseras telemáticas destinadas a proteger a las mujeres amenazadas por sus agresores, reconocidos por la ministra de Igualdad; y las sospechas que investiga la Fiscalía Anticorrupción sobre adjudicaciones de Defensa relacionadas con el accidentado proyecto del vehículo blindado 8×8 del Ejército.
Son problemas de naturaleza distinta, pero presentan un inquietante denominador común: las advertencias previas que, según las informaciones conocidas, no recibieron la atención debida. No estamos únicamente ante proyectos que han podido fracasar por circunstancias imprevisibles. En los tres casos existen indicios de que las deficiencias fueron señaladas antes de que sus consecuencias adquirieran la gravedad actual. La obligación de cualquier Gobierno es escuchar esas alertas, comprobar su fundamento y corregir los errores. Despreciarlas o minimizar su importancia constituye una grave irresponsabilidad.
La acumulación de estos episodios dibuja un patrón de gestión que combina imprevisión, falta de control y una preocupante resistencia a asumir responsabilidades. No se trata solo de que los servicios públicos funcionen peor de lo prometido, sino de que sus deficiencias pueden tener consecuencias irreparables. Que un programa estratégico para la Defensa acumule retrasos y problemas técnicos, que las mujeres amenazadas no dispongan de garantías suficientes de protección o que existan dudas sobre el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias revela hasta qué punto la eficacia del Estado ha quedado relegada. Son precisamente los servicios públicos que el Gobierno proclama defender los que ponen en evidencia sus carencias.
Esta realidad irrumpe en plena campaña electoral y enfrenta al PSOE con un balance del que no puede escapar mediante la propaganda. A la corrupción que persigue el beneficio particular de quienes se aprovechan del poder se añade otra forma de degradación: la que subordina las obligaciones de gobierno a las necesidades electorales de quien lo ejerce. No son conductas equivalentes desde el punto de vista penal, pero ambas erosionan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Un Ejecutivo más pendiente de las encuestas que de atender las advertencias de sus técnicos acaba confundiendo la supervivencia del presidente con el interés general. Y cuando gobernar se convierte en una actividad subordinada a la conservación del poder, los errores dejan de ser accidentes para convertirse en un método. El problema de Sánchez es que sus consecuencias ya no pueden ocultarse. Y los ciudadanos están a punto de emitir su veredicto.