En tanto se escribe este suelto, las negociaciones entre PSOE y Junts no han acabado de cerrarse por un aquél de diversos detalles menores. No es contemplable que las diferencias hagan imposible el voto afirmativo de Puigdemont a la investidura del Gran Felón. Todo es posible en Waterloo, evidentemente, pero la rama independentista del pastelero de Gerona sabe que ha firmado una gran victoria para el separatismo catalán y lo sabe también su sanedrín, con el que se reunió ayer: nada menos que la impunidad para ellos, incluidos terroristas del ‘apreteu’, desde 2013, lo cual contempla el sucedáneo de referéndum organizado por el lerdo Artur Más. Tienen amnistía, mediador internacional, promesa de consulta al ‘poble catalá’ y tendrán mucha más pasta que los demás, además de haber conseguido que su relato del ‘procés’ sea el que quede refrendado como único válido. Ante ese panorama, con fotografía incluida bajo el cuadro del cubo de basura hecho urna, ¿para qué arriesgar este momento feliz con nuevas ocurrencias? La gente de ERC, por su parte, ya ha encarrilado la financiación además de haber arrancado la gestión de Rodalías –que el Constitucional echó para atrás cuando ese traspaso se pretendía desde Andalucía y el Pais Vasco–, con un añadido de inversión para los trenes de Cataluña que ya lo quisieran para sí las Cercanías de Madrid, por no decir Extremadura. Una pieza más del despiece. La gestión ya la asumía la Generalidad, pero no gozaba de la propiedad de vías y trenes, que es lo que se transfiere ahora, aunque afecte a líneas que no se circunscriben a Cataluña.

Ese paquete completo parece que solo puede ser entorpecido, pero difícilmente anulado. El Tribunal Supremo planteará, tal vez, una cuestión de constitucionalidad al TC, y ayer vimos como el Grupo Popular en el Senado quiere impulsar una reforma del reglamento para hacer mucho mas lento el procedimiento: en lugar de estar la norma un par de semanas en la Cámara Alta, podría perezosear un par de meses, lo cual no impide el final pero toca los pelendengues. Como quiera que sea, voluntad para la infamia la hay de sobra y poco les importa a los protagonistas –ni a los militantes que les apoyan– que se diga que están asestando un golpe demoledor a la democracia española. Un conocido jurista me hacía ver ayer la fatalidad del año 23 de los tres últimos siglos: en 1823, Fernando VII suspendió la Constitución de Cádiz y se convirtió en el último absolutista felón, en 1923 Primo de Rivera suspendió la Constitución de 1876 e impuso una dictadura (‘dictablanda’ según se mire), y en 2023 Sánchez suspende la Constitución y pacta el gobierno con todos los enemigos del 78. Esos volantazos tuvieron trágicas consecuencias para España. Es verdad que puede enderezarse el rumbo envenenado que toman las cosas cuando un protagonista del poder es superado por la avalancha de inclemencias que crea, pero una vez pactado lo antedicho ¡a ver quién es el guapo que echa a este sujeto!