La dimisión de todos sus cargos de Ramón Alzórriz, portavoz parlamentario y vicesecretario general del PSN, tras haber ocultado a la presidenta navarra María Chivite que su pareja había trabajado para la empresa Servinabar, confirmó ayer miércoles por la noche que la mancha del caso Santos Cerdán se ha extendido ya de forma definitiva hasta el gobierno autonómico navarro.
Servinabar es una de las empresas beneficiadas por la adjudicación de la mayor obra pública de la última década en Navarra, la de los túneles de Belate, con un costo total de 76 millones de euros. Servinabar es también, tal y como ha desvelado la UCO, propiedad en un 45% de Santos Cerdán.
Servinabar, bajo la gestión de Antxón Alonso, su administrador único y socio de Cerdán, habría servido además como vehículo para canalizar mordidas y adjudicaciones irregulares de obra pública, actuando como intermediaria para desvincular a otros implicados, como Koldo García, de grandes constructoras.
María Chivite quiso desvincularse rápidamente de las revelaciones del informe de la UCO que han provocado la expulsión de Cerdán del PSOE y la renuncia a su escaño de diputado afirmando que no es ella quien adjudica las obras. «Nada he tenido que ver en el proceso de adjudicación, porque lo hacen las mesas de contratación, bajo control legal y también de la Intervención”, dijo Chivite ayer.
Pero resulta harto difícil desligar a Chivite de ese proceso de adjudicación.
En primer lugar, porque como presidenta autonómica, ella es la última responsable de todas las decisiones de su gobierno, independientemente de cuál sea la mesa de contratación o el partido que ocupe la consejería concreta que concedió ese contrato.
En segundo lugar, porque Chivite nombró en agosto de 2023 a su propio tío, Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial, responsable último a su vez de la dirección de Obras Públicas e Infraestructuras. Es decir, del departamento clave para la concesión de los contratos de los túneles.
El tío de Chivite, sin experiencia previa en política más allá de un breve periodo de ocho años como concejal de un pueblo de 8.000 habitantes llamado Cintruénigo, fue nombrado además por Chivite presidente de Nafarbide, empresa también bajo sospecha por la obra de los túneles de Belate.
Y en tercer lugar, porque la presidenta navarra se habría reunido hasta en cuatro ocasiones con Antxón Alonso, tras haberle sido presentado por Santos Cerdán.
La responsabilidad de Chivite en la trama de Santos Cerdán se limita por el momento al plano político, dado que la presidenta navarra ostenta la responsabilidad in vigilando e in eligendo que se le presupone a cualquier alto cargo sobre las acciones y los miembros de su equipo de gobierno.
Y lo que sí se puede afirmar por el momento es que ambas responsabilidades han sido gestionadas como mínimo de forma negligente por María Chivite. De ahí la petición de dimisión por parte de UPN y del PP navarro, por boca de Cristina Ibarrola y Sergio Sayas.
No carece de base esa petición, aunque de momento no existan pruebas de que la responsabilidad de Chivite en la adjudicación de varios contratos a la empresa Servinabar, al menos uno de ellos pagado con fondos de la UE, vaya más allá de la negligencia política.
Pero el estándar de exigencia que Chivite ha demostrado con Ramón Alzórriz, retirándole su confianza y obligándolo por tanto a renunciar a todos sus cargos, debería aplicárselo también a sí misma. Como mínimo, dando explicaciones urgentes sobre esos contratos que vayan más allá de un inaceptable e impropio de un alto cargo político «nada he tenido que ver en el proceso de adjudicación».