EL MUNDO 19/11/13
· Unanimidad en apoyo de la cadena perpetua revisable para delitos grave
Hay división de opiniones y una ligera mayoría de quienes piensan que no. Pero no habrá nada que pueda convencer a otra parte importante de los ciudadanos de que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que está permitiendo que salgan a la calle los grandes asesinos de ETA, además de violadores múltiples y grandes delincuentes, no es el resultado del pacto con ETA que en su día hizo el Gobierno de Zapatero. Preguntados por Sigma Dos para EL MUNDO, el 39,4% cree que no hay relación entre estos dos hechos, pero aparece un 37% que está convencido de que una cosa se sigue de la otra.
En ese porcentaje dividido no hay continuidad en los segmentos de respuestas, de modo que entre los jóvenes hay una mayoría que cree que no, mientras en los mayores de 65 años la mayoría está convencida de que sí. Y lo mismo pasa en los segmentos de recuerdo de voto: los votantes del PP y de UPyD ven clara la relación entre el compromiso del Gobierno Zapatero con ETA y esta sentencia de Estrasburgo; por el contrario, tanto los votantes del PSOE como de IU niegan esa relación. En definitiva, la sociedad española está dividida a la hora de adjudicar la responsabilidad de lo sucedido.
Donde no hay discrepancias, o son mínimas, es a la hora de achacar al Gobierno falta de diligencia, o de interés, a la hora de evitar que el Tribunal de Derechos Humanos llegara a emitir la sentencia que conocemos. Aquí hay una abrumadora mayoría que condena al Gobierno por no haber hecho todo lo posible por evitar lo sucedido. El 65,3% en el cómputo general, un porcentaje que se mantiene inalterado o con ligeros incrementos en todos los segmentos de respuestas.
Incluidos los votantes del PP, que en casi un 70% le reprochan al Gobierno su pasividad en este asunto, que ha abierto una herida muy profunda en toda la sociedad. Lo que es evidente es que el Gobierno Rajoy no ha podido sacudirse de encima ese baldón o no ha hecho los suficientes esfuerzos para evitar que semejante acusación caiga sobre él. Lo cierto es que sobre este punto concreto ha mantenido una actitud parecida a la resignación y ha aguantado los reproches casi en silencio. No es extraño, por tanto, que se haya instalado en buena parte de la opinión pública que el Gobierno pudo haber evitado esta sentencia y no lo hizo.
Quizá como consecuencia del desgarro y de la indignación que están provocando las excarcelaciones de los peores delincuentes, se ha producido una rara unanimidad en un asunto que en su momento generó gran polémica: el establecimiento de la cadena perpetua revisable para los delitos especialmente graves.
El 74,4% de los consultados es partidario de esta reforma del Código Penal, que hay que recordar que ya no permite la redención de penas por el trabajo y amplía a 40 años de prisión los delitos más graves, como el terrorismo.
Pues aún con todo, la mayoría aprueba esta sanción máxima revisable, que está en vigor en varios países de la UE.
Y no hay distinciones en este punto. Ni por edad ni por adscripción ideológica se observa la menor discrepancia. Sólo los votantes del PP se distancian del porcentaje de la media para incrementarlo de manera significativa hasta el 87,2%. Les siguen los partidarios de UPyD, con un 74,2% de voto favorable.
Pero los votantes del PSOE, y en menor medida los de IU, secundan la medida en porcentajes muy mayoritarios, lo cual evidencia que ahora mismo se ha producido un evidente giro entre la población, escarmentada por los efectos de la aplicación de los beneficios penitenciarios a quienes no lo merecían.