Ander Azpiroz-El Correo
- Solo la Unión Progresistas de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz, insiste en la «inocencia» de su compañero ahora condenado y lanza un aviso a los jueces
El juicio y la condena de dos años de inhabilitación para Álvaro García Ortiz tiene una especial trascendencia dentro de la Fiscalía General del Estado, que por lo pronto casi con toda seguridad verá como en breve cambia de responsable. Todas las asociaciones de la carrera se habían posicionado de antemano a favor de la dimisión de máximo superior nada más confirmarse que se convertía en investigado por la filtración de datos confidenciales de Alberto Gónzález, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Solo la Unión Progresista de Fiscales, precisamente a la que está adscrito García Ortiz, respaldó -y sigue haciéndolo hoy- al ahora condenado al considerar que estaba siendo sometido a «una persecución sin precedentes en democracia».
La mayoritaria Asociación de Fiscales lamentó el descrédito en el que se ha sumido al Ministerio Público por la negativa de García Ortiz a renunciar al cargo nada más admitir el Tribunal Supremo la exposición razonada para investigarle. Según manifestó ayer su presidenta, Cristina Dexeus, «las imágenes del juicio han sido demoledoras para la institución». Más en particular, Dexeus cargó contra la estrategia de defensa del fiscal general con la que «se fue al choque contra el Supremo, la UCO e incluso contra otros compañeros de carrera».
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) llegó a presentarse como acusación particular en el proceso contra su jefe y solicitó para él 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación, más que ninguna otra acusación particular. Tras conocerse el adelanto de la sentencia. El abogado Juan Antonio Frago, letrado de la APIF, declaró a Europa Press que la actuación del colectivo que representa tenía como objetivo «velar por la integridad del Ministerio Fiscal».
Desde las filas de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) su presidente, Félix Martín, insistía en la «inocencia» de su compañero de filas y decía que se encuentran «en ‘shock’ institucional», al tiempo que advertía en declaraciones a la cadena SER de que esta sentencia «va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia» porque, a su juicio, no existe «ningún elemento probatorio que permita sostener esta condena». «No vamos a ser un apéndice de los jueces y tribunales», concluía en un claro aviso a los magistrados de que «no nos vamos a rendir y vamos a pelear».
Los jueces se pronuncian
Las principales asociaciones de jueces aplaudieron la condena con la excepción de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que en línea con la Unión Progresista de Fiscales considera que este fallo perjudica a toda la ciudadanía. Por el contrario, la conservadora y mayoritaria en la carrera Asociación Profesional de la Magistratura (APM) valoró que se trata de una sentencia que demuestra que «el Estado de derecho funciona» y nadie puede saltarse las leyes, independientemente de su cargo.