Ignacio Camacho-ABC

• El criterio de la Fiscalía será crucial ante una eventual petición de la Audiencia para que se investigue a Iglesias

Cuando era ministra, Dolores Delgado forzó a la Abogacía del Estado a rebajar -con éxito final, por cierto- la calificación de las penas pedidas contra los líderes del procés independentista. El letrado Edmundo Bal pidió la excedencia por eso y se presentó en la lista de Ciudadanos pensando con razón que para hacer política era mejor servir a su propia ideología. Con esos antecedentes cabía barruntar que el aterrizaje de Delgado al frente de la Fiscalía -«¿de quién depende, eh, de quién depende? Pues ya está»- tenía como objeto la construcción preventiva de un blindaje cautelar del Ejecutivo ante cualquier problema con la justicia. Y en efecto, en los primeros avatares judiciales que afectan a miembros del Gabinete se ha

confirmado la conjetura: el Ministerio Público ha ejercido como instancia defensiva o directamente exculpatoria de las autoridades demandadas o de las actuaciones recurridas. Por qué será que nadie se sorprende de este celo proteccionista.

Primer ejemplo: la denuncia contra el delegado en Madrid, José Manuel Franco, por prevaricación omisiva al no prohibir la manifestación del ocho de marzo. Segundo caso: las querellas contra Marlaska por el presunto cese irregular del coronel de la Guardia Civil al mando de la brigada judicial encargada de las diligencias del mismo sumario. En ambos asuntos los fiscales se han pronunciado de entrada a favor del archivo de los cargos. Por supuesto que con razonables argumentos, de los que no cabría dudar si el nombramiento de su superiora jerárquica no suscitase sospechas de una relación causa-efecto fundada en una interpretación «creativa» del Derecho. Y hay un tercer episodio, aún más delicado, que es el contubernio del acusador de Anticorrupción con la abogada de Podemos en la investigación sobre las turbias andanzas del comisario Villarejo, donde media el agravante de un posible intento de engañar al juez y de una hipotética revelación de secretos. Este tema amenaza con desembocar en un escándalo de altos vuelos capaz de salpicar al mismísimo vicepresidente segundo del Gobierno, que se ha metido él mismo en un notable enredo susceptible de situarlo frente al Supremo.

Se admiten apuestas sobre el criterio de la Fiscalía respecto una eventual petición del magistrado instructor de la Audiencia para que el Alto Tribunal investigue al aforado Iglesias. (Nota al margen: hay casi una docena de plazas de fiscal de sala pendientes de designación directa). En Moncloa -«¿de quién depende?» etcétera- hay mucha gente en vilo ante esa crucial papeleta, cuyo poder de desestabilización es bastante más peligroso que el de las dieciséis querellas relativas a la (pésima) gestión de la pandemia. Cuando Sánchez eligió a Delgado era consciente de que la enviaba a ocupar una posición estratégica. Y la tarea que le encomendó no era tanto la de dirigir la acusación como la de organizar su defensa.