Tal como era previsible, los aliados parlamentarios del Gobierno, y hasta sus socios dentro del mismo, están estrujando a Pedro Sánchez en lo que más descrédito le puede ocasionar: hacerle poner en cuestión las bases mismas de nuestra Constitución y el acuerdo de fondo sobre la que se fundamentó. Con ello, pretenden atacar la legitimidad del texto fundamental y el espíritu de reconciliación nacional que está en la base de su filosofía. Lo avisaron: contra el régimen del 78 y por la independencia de Cataluña. Para eso apoyaron al PSOE. No han engañado.

Desde luego se merece Pedro Sánchez este maltrato por aceptar la ayuda de estos socios en su ascenso a presidente del Gobierno, primero en la moción de censura de 2018 y después en el acuerdo con Podemos para formar Gobierno en enero de 2020. Las dificultades que ocasionó la pandemia han permitido un paréntesis en el desarrollo del programa de gobierno pactado entonces, pero ahora estamos empezando otra fase, estamos ya en una segunda etapa y los enanos le están creciendo para cobrarse sus favores. El parlamentariamente débil, pero ambicioso y pugnaz presidente ya se lo podía imaginar, y también saber que la cuerda se tensa hasta que se rompe. Estamos en el momento de la tensión, todavía no en el de ruptura. Por el momento.

La aprobación de los indispensables presupuestos para que España se beneficie de las ayudas de la UE es la ocasión oportuna que estaban esperando tanto populistas como nacionalistas, los principales aliados de Sánchez, los que le dan estas escuálidas mayorías parlamentarias que solo supera mediante ejercicios de equilibrismo. Asoman ya las canas en su cabellera, lo debe estar pasando mal y no lo compadezco, se lo ha ganado a pulso. Pero no lo merecen tantos socialistas que sufren al ver lo que le sucede a su partido.

En efecto, en plena fase política que debería centrarse en la recuperación económica para que se mejorara la vida de los españoles, el Gobierno está pendiente de las patadas en la espinilla de sus socios parlamentarios por la revisión de la Ley de Memoria Histórica, ya más que discutible, aprobada en tiempos de Rodríguez Zapatero. No hay clamor social alguno para tal revisión, menos aún en el sentido que se pretende, solo existen mezquinos intereses partidistas por parte de ERC, Bildu y el mismo Podemos o lo que queda de él.

Cuando el Gobierno debería estar negociando con Bruselas el plan de ayudas para salir de la crisis, nos enfrascamos en asuntos que sucedieron hace decenas de años y que se resolvieron bien, con el acuerdo de todos, con el máximo protagonismo del Partido Comunista, en plena Transición. Naturalmente, me refiero a pretender cambiar la Ley de Amnistía, que defendió brillantemente Marcelino Camacho en el Congreso, tras tantos años en la cárcel por motivos políticos. Un comunista sin ningún tipo de rencor personal que aplicó la política que su partido defendía desde 1956 con el objetivo de que España se convirtiera en una democracia occidental.

Si vamos a su sustancia, la amnistía, tal como se reguló en dicha ley preconstitucional, es un elemento básico del núcleo de la transición democrática. En las calles, en las manifestaciones tras la muerte de Franco, lo que se pedían eran tres ideales: «Libertad, amnistía, estatuto de autonomía». Algunos lo recordamos bien. Ahora están, o lo apoyan, en el Gobierno aquellos que no exigen la autonomía, sino el inexistente derecho a la autodeterminación para alcanzar la independencia, pretenden derogar aspectos sustanciales de la ley de amnistía y a este ritmo cualquier día empezarán a poner en cuestión la libertad. El PSOE no merece esto, los españoles, todavía menos.

Este cambio en la Ley de Memoria Histórica que rompe con la amnistía alcanzada tiene muy poco recorrido jurídico y en la práctica puede quedar en nada, tantos años han pasado. Pero intenta remover viejos y peligrosos fantasmas que parecían superados. A última hora de ayer, los dos partidos que gobiernan en coalición llegaron a un ridículo acuerdo para calmar las ansias de perturbar la convivencia de ERC y Bildu. Digo que es ridículo porque no añade nada sustancial a lo ya existente. Nada menos que el artículo 10.2 de la Constitución ya dice que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con los tratados que regulan los derechos humanos ratificados por España. No dice otra cosa la enmienda.

Sin embargo, en cuestiones jurídicas, lo que parece ridículo puede ser tóxico, porque tras la regulación viene la interpretación de lo regulado y tenemos una larga experiencia como para saber que cualquier juez partidario de la vieja y desacreditada doctrina italiana del ‘uso alternativo del derecho’ —uno de los máximos ejemplos de politización de la Justicia— puede sembrar la inseguridad jurídica en nuestro país y perjudicar arbitrariamente la vida de algunos ciudadanos. No los de un bando sino los de ambos bandos, pues en la guerra —y después con las actividades terroristas— todos cometieron crímenes que ahora se quieren «imprescriptibles y no amnistiables».

La historia puede ser el pretexto de muchas barbaridades. La memoria histórica, que no es siquiera historia, todavía de muchas más: esta es una. Si seguimos dando pasos hacia el abismo, al fin caeremos en él.