La crisis territorial enquistada en Cataluña es el principal problema político de España. Para afrontarlo, el Ejecutivo de Sánchez ha ideado una ‘mesa de diálogo’ entre los gobiernos de España y Cataluña cuya próxima reunión está prevista para la tercera semana de septiembre. La existencia de esta mesa fue una concesión de Sánchez a ERC para obtener su respaldo en la investidura y, posteriormente, su activación fue una exigencia de los independentistas para negociar los Presupuestos de 2020. Desde entonces, por una u otra razón, la mesa ha permanecido inactiva. Realmente, el único acuerdo alcanzado en la última, celebrada el 26 de febrero, consistió en seguir reuniéndose mensualmente y trabajando «en el marco de la seguridad jurídica». No ha habido más encuentros. Desde entonces y hasta ahora, ambos gobiernos simplemente han ganado tiempo. Resulta difícil predecir hasta cuándo podrá mantenerse esta estrategia sin que alguno de los participantes mueva ficha.

En este contexto, desde un punto de vista constitucional, la existencia y funcionamiento de la mesa de diálogo plantea importantes problemas de legitimidad e implica, además, la asunción del dogma fundamental del relato separatista: la existencia de un supuesto «conflicto político» entre dos sujetos iguales, España y Cataluña. El relato es doblemente falso. Primero, porque el verdadero conflicto es el que enfrenta a los catalanes, dado que una parte de ellos pretende convertir en extranjeros a otra. Y, segundo, porque no se trata de una negociación diplomática entre Estados, sino entre el Estado y una de las comunidades autónomas que lo integran. Siendo esto grave, aún lo es más el hecho de que la mesa asuma unas funciones que corresponden a otros órganos e instituciones.

Es indiscutible que en una democracia el diálogo es imprescindible, pero no lo es menos que para ello existen ya una serie de órganos e instituciones. En una democracia parlamentaria, el diálogo político entre los distintos actores -los partidos políticos- como mecanismo para la resolución de conflictos y de adopción de acuerdos es esencial. Ese diálogo debe llevarse a cabo en el Parlamento; en el Congreso de los Diputados para discutir lo que a todos los españoles afecta, y en el Parlamento catalán para debatir sobre los problemas de la sociedad catalana. En la mesa, por parte catalana, solo están representados los independentistas y, lógicamente, solo se abordarán los temas que estos planteen: la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Por este formidable déficit de legitimidad democrática, la constitución de la mesa es un error. La mesa no puede suplantar al Parlamento.

Por otro lado, en un Estado políticamente descentralizado, la cooperación entre los gobiernos de las distintas comunidades o regiones es imprescindible para su correcto funcionamiento. Pero para este tipo de diálogo tampoco hace falta la mesa en cuestión, dado que el artículo 183 del Estatuto catalán prevé la existencia de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat como instrumento de cooperación entre ambas administraciones. La Comisión Bilateral que se reunió el 2 de agosto no lo hacía desde hace tres años.

Finalmente, conviene recordar que para la discusión de temas que afectan a todas las comunidades (por ejemplo, la financiación) están previstas las conferencias sectoriales y las conferencias de presidentes. En la mesa, Sánchez no puede negociar bilateralmente con la Generalitat un tema que afecta a todas las demás comunidades.

Si la mesa de diálogo no puede reemplazar al Parlamento y para la cooperación entre gobiernos ya existen la Comisión Bilateral y otras instituciones, ¿qué sentido y funcionalidad tiene aquella? El presidente Sánchez dice que quiere hablar de infraestructuras e inversiones, pero para eso está la Bilateral. Si quiere hablar de financiación, debe hacerse en órganos multilaterales. Si se quiere negociar un nuevo Estatuto, ello compete al Parlamento catalán. El único sentido de la mesa, desde la óptica del Gobierno de España, sería instar a la Generalitat a que volviera a transitar por la senda constitucional: que respetara la posición del jefe del Estado, que acatara las sentencias que obligan a garantizar un mínimo de enseñanzas en castellano, que cumpliera las sentencias que le prohíben desplegar una acción exterior en contra de España, que participara en las conferencias de presidentes… Lamentablemente, ninguno de esos temas figura en el orden del día.

Por lo que se refiere a la Generalitat, la mesa debe servir para tratar dos temas que desbordan claramente el marco constitucional: la amnistía y la autodeterminación. La inconstitucionalidad de ambos es evidente y así lo ha reconocido el Gobierno de Sánchez. En definitiva, la mesa de diálogo, en cuanto por parte catalana solo representa a una parte de la sociedad y persigue la destrucción del orden constitucional vigente, no es el instrumento adecuado para afrontar el problema catalán. Aunque el Gobierno de Sánchez es consciente de ello, su objetivo es ganar tiempo y asegurarse una cierta tranquilidad en lo que resta de legislatura. Ahora bien, el precio a pagar es alto e implica una erosión de principios constitucionales básicos: el principio democrático y el principio de legalidad. El primero porque, al sustraerse el diálogo de la sede parlamentaria, se excluye del mismo a la mitad de la población catalana; y el segundo porque se tolera que la Generalitat siga operando en muchos ámbitos al margen de la ley (política lingüística, acción exterior, relación con la jefatura del Estado…).

Resulta imprescindible adoptar una estrategia diferente y que incluya estos dos elementos. En primer lugar, la consecución de un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas -PSOE y PP- sobre la necesidad de dar una respuesta conjunta al desafío separatista. A día de hoy, la división entre las fuerzas políticas partidarias del mantenimiento de la unidad del Estado favorece claramente la estrategia de los separatistas catalanes. El segundo, exigir a la Generalitat tanto el respeto a los derechos de todos los catalanes como al orden de distribución de competencias como condición necesaria para la apertura de un proceso de diálogo político tanto en el Parlamento como en los órganos de cooperación existentes.